Luego que Francisco Arroyo, presidente de la Cámara de Diputados, recibiera una serie de críticas de organizaciones y personalidades de la sociedad civil por su iniciativa con la cual busca modificar el artículo primero de la Constitución Política en México, Amnistía Internacional (AI) se sumó a los inconformes.
A través de un pronunciamiento publicó, AI llama a Arroyo Vieyra para que retire la iniciativa de reforma al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, a decir de la organización, “pone en grave riesgo importantes avances normativos en protección a los derechos humanos que se produjeron gracias a la reforma del texto constitucional en 2011.”
En su iniciativa, el diputado Arroyo propone que al presentarse contradicciones entre la Constitución Política Mexicana y los Tratados Internacionales firmados por México, deberá prevalecer el texto constitucional mexicano, lo que a decir de sus detractores implicaría cambios “potencialmente arbitrarios, así como normas ordinarias o actos de autoridad que puedan limitar injustificadamente derechos”.
Entrevistado por Animal Político, Arroyo aseguró que la iniciativa publicada el 3 de enero en la Gaceta Parlamentaria, no es un “capricho” personal, si no algo que trabajó a sugerencia de una serie de juzgadores y personas que administran la justicia en el país, quienes desde un principio le advirtieron que proponer una nueva redacción al artículo primero daría lugar a una serie de interpretaciones, así como a varias suspensiones provisionales o definitivas en juicios de amparo, que metería a la justicia en un problema mayor en poco tiempo.
Con este llamado, AI se suma a intelectuales, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mexicana que en los últimos días han manifestado su grave preocupación por el debilitamiento de la protección de los derechos humanos que se produciría de aprobarse la iniciativa “Arroyo Vieyra”.
AI llama a que la iniciativa sea retirada de forma oficial de la Cámara de Diputados para evitar que pueda ser impulsada posteriormente por otros de sus integrantes.
La consecuencia de esta reforma, explicó AI, sería de dejar sin efecto el principio pro persona consagrado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.
El principio pro persona garantiza la aplicación de la interpretación más favorable a la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Por tanto asegura como mínimo el acceso a los derechos consagrados en los tratados internacionales ratificados por México a todas las personas y cuando la constitución sea más favorable, la aplicación de lo que la misma establece.
Aquí puedes leer el pronunciamiento completo de AI:
