A las 24 horas del domingo concluye una tregua de Navidad y Año Nuevo declarada unilateralmente por la guerrilla de las FARC, cuyo término lo confirmó temprano el domingo desde La Habana, el jefe rebelde Iván Márquez, que invitó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a un cese bilateral de las hostilidades o a buscar un tratado que regularice el conflicto interno.
La tregua declarada por la guerrilla durante dos meses sirvió, entre otras cosas, para dejar en evidencia las divisiones que hay en el interior de esa organización rebelde y, en especial, para entender cuáles de los comandantes rebeldes están apostando al naciente proceso de negociación que actualmente adelanta en Cuba con el gobierno de Santos.
“El gran beneficio de este cese al fuego es que permitió saber quiénes en realidad están negociando” con el gobierno por parte las Fuerzas Armasas Revolucionarias de Colombia, FARC, opinó en entrevista con The Associated Press Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), que estudia en conflicto colombiano. Con la tregua “se destaparon las cartas en la mesa sobre el nivel de control pero también el potencial para ejercer la violencia… Las FARC están con una presión militar que es la que les obliga a negociar”.
Aunque las cifras no son claras, lo cierto es que hasta el propio Santos ha reconocido en varias ocasiones que las FARC disminuyeron ostensiblemente sus ataques durante la pausa militar que prometieron para Navidad y Año Nuevo como un gesto de buena voluntad con el naciente proceso de paz.
“Con dolor en el corazón debemos admitir que vuelve la etapa de los partes militares de guerra que nadie quiere en este país” expresó Márquez el domingo en La Habana, minutos antes de entrar a una sesión de diálogo de paz en esta capital.
Invitó al gobierno colombiano a “un cese bilateral del fuego” y explicó que en el caso que lo rechace, “le proponemos que busquemos un tratado de regularización de la guerra ateniéndonos pues a las especificidades del conflicto interno de Colombia para evitarle a la población mayores padecimientos”.
El jefe guerrillero cuyo verdadero nombre es Luciano Marín Arango, explicó que el tratado podría contemplar un compromiso del gobierno de Colombia de que “no se instalen más bases ni cuarteles militares en medio de la población porque eso equivale a establecer escudos y hay que recordar que esta situación no está permitida ni tolerada por los derechos internacionales humanitarios”.
Márquez destacó “el reconocimiento que el presidente Santos hiciera del cumplimiento por parte de las FARC-EP de la cesación unilateral de sus acciones ofensivas durante 60 días en medio, diríamos nosotros, de una insensata ofensiva militar del Estados contra nuestros campamentos en todo el territorio nacional”.
Las FARC aspiran a que “la búsqueda de la paz para Colombia se cimente en una política de Estado y no en la aspiración efímera de un gobierno”, según expresó Márquez a la prensa en La Habana.
Las FARC en un comunicado fechado el 20 de enero en las Montañas de Colombia, aseguraron que en los dos últimos meses “las FARC-EP no realizamos ni un solo ataque a bases o instalaciones fijas de las fuerzas militares, ni a cuarteles o puestos de Policía”.
