El presidente Enrique Peña Nieto anunciará este miércoles, en una ceremonia oficial, la publicación de la Ley General de Víctimas –aquella que su antecesor, Felipe Calderón, impugnó ante la Corte–, en los mismos términos en los que fue acordada por el Congreso de la Unión y los afectados por la violencia reciente en México.
La publicación aparece esta mañana en el Diario Oficial de la Federación.
Luego que en el cuarto día de su mandato, Peña Nieto retirara la controversia constitucional promovida por Calderón, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación cobrará vigencia plena la nueva normativa, misma que crea un sistema de atención a víctimas de la delincuencia y de violaciones a derechos humanos, a través del cual se brindará atención legal, sicológica y médica a los afectados, de forma inmediata, así como indemnizaciones en los casos que lo ameriten.
“Con esta ley –explicó Silvano Cantú, uno de los tres abogados del Movimiento por la Paz que participaron en la redacción de la norma– se está creando en México una nueva rama del derecho público, que es la del Derecho Victimal, y que implica una apuesta por el procesamiento del conflicto social a través de la responsabilidad pública, más que por la vía del uso de la fuerza, lo que puede ayudar a reconfigurar las políticas nacionales de seguridad y justicia.”
Además, adelantó el experto en derechos humanos, se tiene pactado con el Ejecutivo federal que, una vez publicada la ley, se presente una iniciativa de reforma que perfeccione algunos aspectos que quedaron pendientes antes de su aprobación en el Congreso, y que le permitirán ser más funcional y brindar mayor protección a las víctimas.
“Junto con los abogados Eliana García y Julio Hernández Barros, así como otros integrantes del Movimiento por la Paz, hemos promovido una discusión con legisladores y con el gobierno federal, cuyo interlocutor es Jesús Murillo Karam, para echarle un segundo piso a la Ley de Víctimas, en un proceso que deberá darse en las semanas próximas“, explicó Cantú.
Entre estas reformas, añadió, se tiene previsto eliminar los topes que los legisladores impusieron a la indemnización subsidiaria que podrá reclamar la víctima al Estado, en caso de que éste no pueda hacer responsable de la reparación del daño al autor del delito o violación a derechos humanos, y que la ley que será publicada establece que no podrá superar los 900 mil pesos.
Sin embargo, aclaró el abogado de las víctimas, luego de que la ley fuera aprobada por el Congreso, en abril de 2012, la Suprema Corte emitió una sentencia de amparo en la que prohíbe que estas indemnizaciones sean limitadas por un ordenamiento legal, bajo el criterio, abundó, “de que la reparación debe ser proporcional al daño, y por lo tanto no tienen cabida los límites impuestos por los legisladores.”
Además, se tiene acordado que la próxima reforma propuesta por el Ejecutivo otorgue autonomía al Consejo que coordinará las labores del Sistema Nacional de Víctimas, mismo que incluirá a afectados y representantes de la sociedad civil, y que será el órgano encargado de decidir cuándo es viable otorgar una indemnización y cuándo no.
“Esta segunda fase para perfeccionar la ley iniciará tan pronto como sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que deberá ocurrir a más tardar este viernes, y estaremos dándole seguimiento a la presentación de la iniciativa de reforma, además de que vigilaremos que se cumplan los compromisos hechos por el gobierno con las víctimas –concluyó Cantú–, sin embargo, por lo pronto el mensaje que se da con la publicación de esta ley es algo que consideramos como muy positivo.”
Aquí el documento íntegro publicado en la edición de hoy del Diario Oficial de la Federación:
