¿Por qué el IFE perdonó al PRI por caso Monex?

Por seis meses, Sergio García Ramírez se retiró de las discusiones del Caso Monex. El Consejero General del Instituto Federal Electoral se abstuvo de presentar posiciones todo ese tiempo, pero al momento de definir si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debía ser multado o no por la entrega de 7 mil 851  tarjetas de prepago en la campaña electoral, fue él quien tuvo el voto decisivo.

Su abstención en el proceso, justificada en su cercanía con los propietarios la empresa EFRA, provocó un empate a cuatro en la votación. Por ello fue necesaria una segunda vuelta. En ese momento, García Ramírez, que veía la discusión fuera de la herradura que forma el pleno,  se puso de pie, ajustó su saco gris y ocupó su asiento, dos lugares a la derecha del Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita.

Si hay un empate de cuatro a cuatro es porque hay buenas razones o suficientes motivos para enfocar este problema desde diversas perspectivas (…) Por lo tanto, habida cuenta de que hay suficientes razones (…) en un sentido y en otro dentro a la hora votación, consideraré mi sufragio en uno de los dos sentidos, que va a ser, por cierto, en sentido favorable al sentido del proyecto planteado”.

Las palabras de García Ramírez  causaron una breve mueca del consejero Alfredo Figueroa, echaron hacia atrás el torso de Lorenzo Córdova y provocaron que los presentes lanzaran expresiones de sorpresa sin discreción.

Antes de inclinar la balanza, García Ramírez puso en manos de los consejeros si debía o no excusarse, pero todos le otorgaron un voto de confianza. La única observación la hizo Macarita Elizondo pues, a su juicio, el consejero debió participar desde el inicio en la discusión.

La resolución del Consejo General del IFE no es aún la última palabra en el caso pues los promoventes, en este caso el PAN y el PRD, aún pueden recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mientras llega a esa instancia, estas son, en resumen, las razones por las que el PRI libró una multa equivalente al 150% de lo que gastó en el Caso Monex.

1. Los consejeros electorales consideraron que hubo evidencia suficiente para establecer que no hubo financiamiento ilegal en el caso de las tarjetas ya que la Unidad de Fiscalización comprobó que existe una “relación contractual” entre el PRI y una persona moral. En esa relación quedó pactado el otorgamiento de distintos servicios y su respectivo pago, mismo que fue debidamente acreditado ante el IFE.

2. A decir del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, quien votó en favor del proyecto (es decir, que las quejas contra el PRI son infundadas) “los partidos políticos no tienen ninguna restricción para suscribir mutuos con empresas. La única restricción está claramente señalada en el Artículo 77, numeral tres del Código Electoral, donde los la única restricción es con la banca de desarrollo; no así con las empresas”.

3.  Como resultado de la investigación, la Unidad de Fiscalización acumulará a los informes de gastos de las campañas los montos erogados en esta operación.

4.  Al acumular esos montos, los Consejeros aceptan que el Caso Monex constituye un gasto de campaña. Sin embargo, como el último informe de los partidos políticos se conocerá hasta el 31 de este mes, aún se desconoce si la coalición que llevó a Peña Nieto a la presidencia incurrió en un rebase de los topes.

5.  El proyecto considera que los contratos del PRI en el caso Monex muestran el destino que se le dio a los recursos. Al aprobar el proyecto en lo general, los consejeros dan por satisfecha la duda planteada al inicio de la discusión por el consejero Alfredo Figueroa.

¿Qué más se decidió además de exonerar al PRI de la multa?

Si bien el proyecto se aprobó por unanimidad en lo general, en lo particular se hicieron las siguientes votaciones que agregan matices a lo resuelto en el caso Monex Tarjetas.

1. En votación unánime se aprobó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Sistema de Administración Tributaria para que esas entidades determinen si se incurrieron en delitos que no son del ámbito electoral. En este sentido, el proyecto de resolución presenta este diagrama para ilustrar el entramado del caso Monex con otras empresas.

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Tomada del proyecto de resolución. Cortesía Comunicación Social del IFE

 

2.  Por cinco a favor y cuatro en contra se aprobó que la Unidad de Fiscalización verifique la legalidad del contrato entre el PRI y la empresa Alkino.

3. Por seis a favor y tres en contra se rechazó un nuevo resolutivo para que se incluyan los intereses y las comisiones de lo erogado en el caso Monex como gastos de campaña.

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