Sólo existen 2 sentencias por 109 abusos de militares

En julio de 2008, un grupo de soldados se topó con José Fausto y otros migrantes que esperaban en las faldas del cerro sonorense de La Lesna, que hace frontera con Estados Unidos, al pollero que habría de guiarlos.

Los soldados abordaron a José Fausto e iniciaron un interrogatorio, con el que pretendían determinar si eran genuinos migrantes o delincuentes que intentaban llevar droga al otro lado.

Para obtener esta información, a José Fausto lo golpearon con los puños en la boca y la nariz, hasta dejarlo sangrante; con las botas de casquillo le patearon las costillas; le cubrieron los ojos con una venda y luego las armas largas que portaban los uniformados fueron detonadas junto a sus oídos; lo prendieron del cabello y lo arrastraron por el suelo, lo obligaron a beber alcohol hasta el ahogo y, después, bajo las uñas de los pies y las manos le encajaron astillas de madera, que agitaban, dentro, para elevar el dolor.

Al final, los militares le arrancaron todas las uñas a José Fausto y lo abandonaron, inconsciente, en el desierto –más que inconsciente estaba “moribundo”, según la narración que de los hechos hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 29/2008–.

José Fausto sólo pudo sobrevivir gracias a que otro migrante halló su cuerpo inerte, a la medianoche, y pidió auxilio médico.

Para la CNDH, éste es un caso de “tortura”.

La Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, diverge: para la institución armada, éste fue un caso de “detención arbitraria y malos tratos”.

La Sedena identificó a un oficial implicado en el ataque contra José Fausto, pero no le fincó cargos, la institución abrió una averiguación previa pero no presentó el caso ante ningún juez y, por ello, ningún militar fue castigado por las torturas que, durante cuatro horas, pusieron en práctica con este campesino, cuyo plan era llegar a Phoenix.

Cinco años después, el expediente de José Fausto fue archivado por la Sedena en el rubro de “Recomendaciones totalmente concluidas”, a donde ha enviado 63 de las 109 reconvenciones del ombudsman nacional emitidas durante el sexenio pasado –el resto se encuentran aún en trámite–.

Sin embargo, como ilustra el caso de José Fausto, el que los expedientes abiertos por abusos militares sean formalmente “concluidos” no significa, necesariamente, que hayan sido resueltos, que se haya castigado a los responsables o que la institución hiciera algo para reparar el daño causado a las víctimas.

De hecho, de esos 63 casos concluidos por el Ejército, sólo en dos casos se logró una sentencia condenatoria contra los militares responsables.

Archivo muerto…

De las 109 recomendaciones analizadas en el informe de la Sedena, correspondientes al sexenio de Felipe Calderón, 28 están relacionadas con los homicidios de 40 personas a manos de militares, pero sólo en un caso se ha logrado una sentencia (de 4 meses de prisión) contra un mando que obligó a su subalterno a beber alcohol, a manera de novatada, hasta causarle inconsciencia y posterior broncoaspiración.

Mientras tanto, los expedientes relacionados con 29 de esos asesinatos fueron turnados a la justicia civil y, según el informe de la Sedena, hasta el momento no se ha emitido una sentencia en ninguno de ellos, ni siquiera en los casos correspondientes a 2007, como el del homicidio de cinco integrantes de una familia –dos de ellos menores de edad– que fueron baleadas por no detener su vehículo, en Sinaloa; o el del conductor de un auto tiroteado en 2008, en Tamaulipas, por no pisar a tiempo el freno.

Aparte se cuenta el caso de otro automovilista asesinado a tiros, en Michoacán, también por no detener la marcha, expediente que fue enviado al archivo, sin que se hubiera llevado a juicio al responsable, identificado plenamente por la Sedena.

Y en el archivo también quedó el caso de la explosión de material bélico en Coahuila, ocurrida en septiembre de 2007, que dejó 28 civiles muertos, aunque ningún responsable del Ejército llamado a cuentas.

Además, tampoco se ha logrado una sentencia condenatoria, revela el documento, en ninguno de los 12 casos de civiles que murieron durante sesiones de tortura instrumentadas por soldados.

Tortura

El reporte militar, publicado en el portal oficial de la Sedena, deja ver que de las recomendaciones emitidas en los últimos seis años por el ombudsman nacional, por violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, 51 están relacionados con casos de tortura, por los cuales sólo se ha emitido dos sentencias, una de las cuales es absolutoria.

De estos 51 casos, presentados por la Sedena bajo el rubro de “lesiones y abuso de autoridad” a pesar de que las recomendaciones de la CNDH son calificados como tortura, nueve fueron enviados al archivo durante el mismo sexenio de Calderón, sin que se iniciara proceso judicial alguno contra los responsables; además de que otros cuatro expedientes fueron cerrados, luego de que el Ejército rechazara cualquier responsabilidad de su personal –y aún después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobara su participación–.

Cabe destacar que este organismo también constató que personal militar estuvo involucrado en al menos seis casos de violación (que dejaron más de 25 víctimas); sin embargo, sólo en un caso se ha logrado llevar a la cárcel a cuatro responsables del asalto a un prostíbulo en Coahuila, en donde vejaron a las trabajadoras sexuales (incluso de forma tumultuaria) y golpearon a los clientes.

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