El caso del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, basado en una demanda que lo responsabiliza de la masacre de Acteal, fue transferido a un juez recién nombrado en la corte del estado de Connecticut donde se sigue el proceso.
Documentos de la corte establecieron que el caso pasó en forma oficial la semana pasada del juez Alvin W. Thompson al juez Michael P. Shea, quien ahora será el encargado de todos los procedimientos legales del proceso.
Roger Kobert, uno de los abogados de los demandantes, explicó que resulta común que a jueces recién nombrados les sean trasferidos algunos de los casos para aliviar la carga de trabajo de sus colegas con más antigüedad, aunque no se conoce el criterio que se emplea.
“Tampoco podría decir si esta reasignación afectará el resultado del caso o qué efecto podría tener en los tiempos de cualquier decisión o acción de la corte”, dijo Kobert en una nota enviada a Notimex.
El juez Shea será quien determine ahora si habrá una audiencia para ventilar los argumentos de la defensa para desechar el caso o para que el proceso continúe hasta que un tribunal mexicano determine si el pedido de inmunidad del gobierno mexicano tiene bases legales.
En noviembre de 2012, Zedillo pidió a un juez federal de Estados Unidos desechar definitivamente la demanda en su contra por su supuesta responsabilidad en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chapas, en 1997.
Los abogados de Zedillo presentaron un escrito a un juez de Connecticut para decir que las personas que acusaron al ex presidente de ser responsable de la matanza en Acteal mienten para intentar mantener vivo el caso.
En septiembre de ese mimso año, el gobierno estadounidense solicitó la inmunidad para Zedillo. El juez ordenó a los demandantes –un grupo de diez personas, familiares de las víctimas de Acteal- que presentaran las razones por las cuales el caso del ex presidente no debía ser desechado por la justicia de Estados Unidos.
Los demandantes presentaron un amparo en México y expresaron que el Embajador en Washington, Arturo Sarukhan, no tenía autoridad constitucional para pedir a la justicia federal estadounidense inmunidad para Zedillo.
La matanza de Acteal sucedió el 22 de diciembre de 1997. 45 personas murieron. La versión oficial dice que la tragedia fue resultado de un conflicto religioso y territorial entre comunidades chiapanecas, pero la versión de organizaciones civiles que representan a las víctimas aseguran que fue un crimen orquestado desde el gobierno y llevado a cabo por paramilitares.
En ese entonces, de los detenidos y encarcelados, varios resultaron inocentes. De los 84 sentenciados, 36 fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a 22 se les abrió proceso después de que se comprobó que la fiscalía cometió violaciones graves al derecho de defensa de los acusados.
Lo que se detectó fueron confesiones bajo tortura, pruebas falsas y la no provisión de traductores a indígenas que no hablan español.
