¿Qué mejoras se pactaron a la Ley General de Víctimas?

Senadores de todos los partidos políticos, en mancuerna con el Movimiento por la Paz, presentaron ayer la iniciativa de reformas a la Ley General de Víctimas, anunciada desde que este ordenamiento entró en vigencia, el pasado 9 de enero, y cuyo objetivo es “mejorar su aplicación y viabilidad operativa”.

Y pese a que la gran mayoría de las modificaciones pactadas tienen que ver con correcciones ortográficas, estilísticas y de redacción, también hay algunas adiciones cuyo fin es hacer explícitos ciertos derechos de las víctimas que, originalmente, no fueron incluidos en la norma.

Además, el proyecto de reforma, que llega consensuado para su discusión en el Senado, especifica los procedimientos concretos que deberán seguir las autoridades para dar atención efectiva a los afectados y, también, la reforma propone algunos candados para evitar que la Ley de Víctimas pueda prestarse a abusos de particulares.

A continuación, te presentamos un resumen con los cambios más destacados previstos por la reforma que ayer inició su proceso de análisis y aprobación en el Senado de la República…

1.- Nuevas definiciones

Si bien la norma ya definía como víctima directa al agraviado por un delito o por violaciones a sus garantías individuales, y como víctimas indirectas a los familiares y personas del círculo íntimo de la víctima directa, la reforma propone incluir una tercera categoría, las “víctimas potenciales”, que son aquellas personas que prestan asistencia o defienden a víctimas directas e indirectas, y a las que, en caso de que sus derechos a la vida o la libertad se vean amenazados, “se les tiene que dar protección”. Se aclara, sin embargo, que éstas no pueden ser beneficiados con las compensaciones económicas que prevé la norma.

La iniciativa de reforma también añade a la Ley General de Víctimas la definición de “hecho victimizante”, y por esto se entiende aquellos “actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos”.

2.- Derechos ampliados y explicitados

La reforma establece que las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos deberán gozar, además de atención médica y legal inmediata, con espacios que les permitan relacionarse de manera colectiva con otras víctima; y se hace explícito que las particularidades de los distintos grupos de población deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar la atención especializada que requieran los afectados, en especial cuando forman parte de grupos que están en mayor situación de vulnerabiidad, como, por ejemplo, en razón de su edad, género preferencia sexual, etnia, discapacidad y otros.

En el caso específico de los familiares de víctimas de desaparición forzada, además, la iniciativa establece mecanismos para que pueda reconocerse su personalidad jurídica, y así logren ejercer de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente, con el objetivo de “salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”. Además, se subraya que aquella persona que es víctima de estos delitos tiene derecho “a ser buscada y, en su caso, rescatada oportunamente”, algo no previsto en la redacción original.

Por otra parte, en materia educativa, la ley vigente reconoce el derecho de las víctimas y de sus familiares a recibir becas completas de estudio, como mínimo hasta la educación media superior, y ahora la reforma acota que estos estímulos sólo se otorgarán en instituciones públicas.

Cabe destacar que en materia de derechos, la iniciativa propone incluir, además, una garantía para los responsables del delito o la violación de derechos de las víctimas, y éste es que, en caso de ser adictos a alguna droga, no podrán ser sometidos a desintoxicación, salvo en el caso de que el agravio lo cometieran bajo los influjos de algún estupefaciente.

3.- Presupuesto para víctimas

Uno de los principales aspectos de la ley vigente es la obligación tanto del gobierno federal, como de los estatales, es la creación de fondos con los cuales se garantice la entrega de indemnizaciones económicas para las víctimas, en caso de que el autor del delito o la violación de derechos humanos no pueda ser obligada por el Estado a cumplir con la reparación del daño y, ahora, la reforma establece además que estos fondos serán fiscalizados anualmente por la Auditoría Superior de la Federación, así como por sus símiles a nivel estatal.

La iniciativa prevé, asimismo, que el Fondo de Atención a Víctimas deberá contar con un recursos equivalentes a 0.014% del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La reforma también elimina el mecanismo originalmente establecido para la entrega de estas indemnizaciones, el cual dictaba que debían ser otorgadas –en caso de aprobación– en el orden en el que las víctimas las solicitaron, pero ahora la iniciativa prevé la aplicación de criterios de necesidad, tomando en consideración la condición socioeconómica de la víctima, la repercursión del daño en la vida familiar, la imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y la edad de los dependientes económicos, así como la disponibilidad de recursos.

Esta indemnización, o “compensación subsidiaria”, especifica la iniciativa, “ha de ser proporcional a la gravedad del daño y no podrá implicar el enriquecimiento de la víctima”.

Para evitar abusos, además, se propone adicionar un candado a la ley, que establece que sólo puede ser considerada como víctima una persona “física”, cancelando así la posibilidad de que personas “morales” busquen que se les reconozca esta categoría y, así, puedan demandar indemnizaciones del Estado.

4.- Mecanismos operativos

Una de las principales críticas que recibió la Ley General de Víctimas cuando fue aprobado es que no señala los procedimientos específicos que deberán seguir las autoridades, para hacerla valer.

Por ello, la iniciativa de reforma incluye ya los criterios operativos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objeto es coordinar las labores de todas las instituciones implicadas, desglosando las atribuciones concretas de este organismo, entre las que destacan formular propuestas para la elaboración de un Programa de Atención Integral a Vícitmas y otros instrumentos programáticos; fijar criterios para la evaluación, ingreso y certificación del personal adscrito a las instituciones que brinden asistencia a los afectados y fomentar la cultura del respeto a las víctimas y sus derechos.

Aquí puedes consultar la iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas, íntegramente:

IniciativaconproyectodeDecretopreformarLeyGeneral de Víctimas.18febrero.2013 by hmaguey

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