Tras 12 años de resistirse a aceptar ningún tipo de responsabilidad en los casos de menores de edad absorbidos por la delincuencia organizada, el Estado mexicano cambió de postura y retiró, a inicios de febrero, la objeción que mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, de la ONU, que establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.
Este protocolo internacional, cabe subrayar, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entr e las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.
El protocolo fue suscrito por México en septiembre del año 2000 –cuatro meses después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo emitiera– aunque con la acotación expresa de que “la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales, por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades, corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado Mexicano como tal”, algo que, a juicio del Comité de los Derechos del Niño, dejaba dicho norma en estado de “reserva”.
El dictamen del Senado de la República con el que, el pasado 7 de febrero, determinó retirar esta objeción, o declaración interpretativa, por su nombre técnico –interpuesta durante la presidencia del priista Ernesto Zedillo– explica que ésta se consideró pertinente en el pasado ante “la necesidad de salvaguardar la responsabilidad del Estado mexicano, por los actos que pudieran realizar grupos armados ilícitos o paramilitares” orientados al reclutamiento de infantes; sin embargo, consideró el Senado, su retiro “resulta conveniente” ya que México cumple con las principales obligaciones que el Protocolo asigna a sus adherentes para evitar el enrolamiento de niños en fuerzas irregulares, que son prohibir estas conductas y tipificarlas como delito.
Candil de la calle…
Aún cuando no había aceptado en todos sus términos el tratado que protege los derechos de los niños en contextos de violencia armada, particularmente el derecho a no ser enrolados o usados por las facciones en pugna, paradójicamente México obtuvo presidencia del Grupo de Trabajo sobre niños y conflictos armados, del Consejo de Seguridad de la ONU, entre 2009 y 2010, tribuna desde la cual la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, impulsó la Resolución 1882 , con la que se refrenda la necesidad de que el Protocolo Facultativo sea cumplido “estrictamente”.
Incluso, al inaugurar la jornada de debates en torno a esta problemática realizada por el Consejo de Seguridad el 14 de junio de 2010, Espinosa hizo un llamado para que éste órgano de la ONU “considere medidas más enérgicas frente aquellos actores que persisten en las violaciones de los derechos de las y los niños en conflictos armados”, además de enfatizar que “la transparencia y la rendición de cuentas en materia de protección de niños en conflictos armados adquieren hoy un sentido prioritario indispensable”.
Pese a ello, un año después, el Comité de los Derechos del Niño lamentó “el clima de violencia (en México) que ha tenido un impacto significativo sobre los derechos y las vidas de los niños”, además que reprendió al gobierno federal por la nula difusión del Protocolo a nivel ciudadano, la poca coordinación existente entre las diferentes dependencias nacionales que debían involucrarse en la protección de menores reclutados por las fuerzas armadas o por grupos irregulares, así como por su carencia de estadísticas en la materia.
De hecho, la falta de datos exhibida por las autoridades mexicanas en el 56 periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño fue de tal magnitud que este organismo expresó que “observa con preocupación que el Estado parte carece de información sobre la utilización de niños por parte de grupos armados no estatales y que, por lo tanto, no ha adoptado medidas para evitar el reclutamiento de menores por parte de esos grupos”.
Política de avestruz
Al presentarse ante el Comité de los Derechos del Niño, en 2011, para rendir su primer informe sobre la situación de la infancia mexicana en contextos de violencia armada, el gobierno federal fijó una postura tajante: en México “no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de agentes no estatales”, tal como señala el documento presentado en ese momento a la ONU.
En aquella ocasión, la delegación mexicana negó la existencia de esta práctica, pero no con base en evidencias de que efectivamente no se lleva a cabo, sino “en virtud de la declaración interpretativa (contra el artículo 4 del Protocolo), así como por el hecho de que México no se encuentra involucrado en conflictos armados, internos o internacionales”.
Además, se insistió en que “el Estado Mexicano desconoce la figura de ‘grupos paramilitares’ en su territorio y por lo que respecta a la participación de niños en grupos armados, el gobierno mexicano no cuenta con datos”.
La representación nacional ante la ONU también explicó que, bajo esta lógica, el Estado mexicano “no cuenta con programas de cooperación técnica ni asistencia financiera para la aplicación del Protocolo”.
En respuesta, el organismo de Naciones Unidas expresó su “preocupación por el alto nivel de violencia en el Estado parte, que afecta a los niños tanto en las escuelas como en las comunidades y, especialmente, la violencia sufrida por los niños excluidos del sistema educativo”.
Además, criticó el hecho de que el Código Penal Federal no tipifique como delito el reclutamiento de menores y su utilización en hostilidades, así como que el Estado no considere parte de su jurisdicción los casos de niños mexicanos reclutados por grupos armados extranjeros y que, por el contrario, aplique un criterio de “doble incriminación”.
Asimismo, el Comité de Derechos del Niño subrayó su condena ante “el gran número de violaciones a los derechos del niño, y de niños víctimas (alrededor de mil muertes de menores en los últimos cuatro años) a causa de la lucha que mantiene el ejército contra la delincuencia organizada y debido a que no se investigan los delitos perpetrados por personal militar”.
Narcoexplotación de la niñez
La Red por los Derechos de la Infancia AC, uno de los principales organismos civiles que ha dado seguimiento al fenómeno de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado en México, así como colaborado en la rehabilitación de algunos de los menores procesados penalmente por sus vínculos con el hampa, calcula que “entre 20 y 30 mil niños, niñas y adolescentes sufren en la actualidad lo que nosotros denominamos ‘narcoexplotación’ –señaló su director, Juan Martín Pérez García–, es decir, menores que no sólo están siendo explotados, sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales”.
Y este fenómeno, destacó, no tiene que ver con un intento por parte de los grupos criminales de adiestrar y formar a sus futuros líderes, “sino que los niños y niñas son empleados por la delincuencia organizada por una sencilla razón: la desprotección en la que se encuentran, que los vuelve peones desechables”.
Por ello, insistió Pérez García, “el que México retire esta declaración interpretativa contra el artículo 4 del Protocolo tiene un gran valor, porque significa que el Estado asume, tal como lo establece el Protocolo, la responsabilidad de dar protección en su conjunto a los menores que han sido reclutados por grupos armados, pero especialmente que tiene la responsabilidad de prevenir estas prácticas, así como la de desvincular de estas agrupaciones a los chicos que pudieran estar ya siendo usados por grupos armados no estatales“.
Ahora, concluyó, falta que el gobierno mexicano cumpla con el resto de las medidas que el Comité de los Derechos del Niño le recomendó emprender, además de retirar oficialmente esta objeción al Protocolo, y entre las que se encuentra recopilar información precisa sobre el número de menores afectados por esta problemática, así como programas para su desmovilización y reinserción en la sociedad.
