Cinco componendas clave realizadas a la Ley de Víctimas

El pasado jueves, 21 de marzo, el pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas previstas desde enero, cuando la norma fue promulgada, y que dan mayor claridad sobre los mecanismos con que ésta debe ser aplicada por las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Como se recordará, la Ley General de Víctimas fue empujada por distintos grupos civiles, con el Movimiento por la Paz a la cabeza, y sienta la obligación del Estado de proveer atención a las personas afectadas por delitos o violaciones a los derechos humanos, así como de garantizar la reparación del daño, no sólo en las esferas física y psicológica, y económica, sino también  mediante indemnizaciones que la autoridad deberá otorgar en caso de no poder someter a la justicia a los responsables.

Este espíritu original de la Ley de Víctimas se preservó, pero la reforma del pasado jueves añadió algunas definiciones imprescindibles, como nuevas categorías de víctimas, así como derechos no explicitados y establece también la forma en que las indemnizaciones deberán calcularse.

A continuación, te presentamos un resumen de estas enmiendas, realizadas con aval de los grupos de víctimas que impulsaron la norma, y que ahora deberán ser secundadas por la Cámara de Diputados.

Definiciones complementadas

La Ley de Víctimas promulgada el 9 de enero, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, reconoció dos categorías de víctimas: las “directas”, que son los afectados inmediatos de un delito o una violación a los derechos humanos, y las “indirectas”, es decir, aquellas personas allegadas a la víctima directa, que también se ven afectados, tales como sus familiares. La reforma aprobada la semana pasada agrega una tercera categoría, denominada “víctimas potenciales”, rango en el que entran aquellas personas “cuyos derechos peligran por prestar asistencia a la víctima”.

La nueva versión de la ley, además, impide que la condición de víctima le sea reconocida a una “persona moral”, es decir, a una empresa, asociación civil, fundación, o institución, pero ahora incluye la posibilidad de considerar como víctimas no sólo a personas en lo individual, sino también a “grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectados en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos”.

Y una definición más que se agregó al texto de la norma, básica pero ausente en su versión original, relacionada con aquello que convierte a una persona en víctima. Así, la ley ahora entiende como “hecho victimizante” los “actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima. Éstos –abunda el texto aprobado– pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México forme parte”.

“Derechos” a los desaparecidos

Para el caso concreto de los casos de desaparición forzada, la nueva versión de la ley contempla la búsqueda inmediata ya no sólo como una obligación del Estado, sino como un derecho de las víctimas. Así, la reforma establece que “toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección, con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica”.

Además, la nueva versión del artículo 21 de esta norma establece la obligación de contar con “protocolos de búsqueda”, desarrollados conforme a la legislación nacional y a los tratados internacionales en la materia.

Con la reforma, la autoridad también quedó obligada a otorgar “reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición forzada”, a fin de que sus familiares, es decir, las víctimas indirectas, “ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente, para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar”.

Indemnizaciones, cuentas claras

La norma reformada, por último, establece con precisión los mecanismos que deberán emplearse para calcular la indemnización que el Estado deberá otorgar a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en caso de que no pueda obligar al responsable a encarar la reparación total del daño.

Este cálculo, establece la ley, tras su modificación, deberá incluir daños físicos, daño moral, lucro cesante –es decir, pérdidas ocasionadas a la víctima, tales como salarios o ingresos que dejaron de percibirse por lesiones o incapacidad derivadas del hecho victimizante–, pérdida de oportunidades, “en particular educativas y prestaciones sociales”; daños patrimoniales; gastos por asesoría jurídica, en caso de que ésta sea privada; pago de tratamientos médicos o terapéuticos; gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación, derivados de la asistencia a procesos jurídicos o tratamientos de salud.

De 9 a 7…

La ley promulgada en enero establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, coordinado por una Comisión Ejecutiva que, con la reforma, reduce su número de integrantes de nueve a siete. Cuatro “comisionados” procederán del ámbito académico, y deberán ser expertos en derecho, psicología, derechos humanos “o especialidades equivalentes con experiencia en la materia”, propuestos por universidades públicas, mientras que los otros tres serán representantes de “colectivos de víctimas”.

Entre los requisitos para ser comisionado, la ley ya preveía el ser de nacionalidad mexicana, mayor de edad y no haber sido funcionario público en los dos años previos a la elección. Ahora, la reforma añadió también el que los aspirantes no hayan sido condenados por algún delito, o inhabilitados como servidores públicos.

Candado contra negligentes

La anterior versión de la ley de víctimas dejaba sentado que cualquier funcionario público que pusiera en riesgo la seguridad de las víctimas será sancionado administrativa, civil o penalmente, según la gravedad del hecho, y entre las causales se incluyó las intimidaciones, represalias, amenazas directas o cuando se demuestre que hay colusión con los responsables del hecho victimizante. Con la reforma, a esta lista se añade como causa de “riesgo para las víctimas” por parte de las autoridades la “negligencia”.

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