CNDH presenta denuncia penal contra García Luna por caso Cassez

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Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal, acompañado de los senadores Omar Fayad y Angélica de la Peña durante la comparecencia ante las comisiones unidas de seguridad y derechos humanos que se realiza en el Senado de la República. Cuartoscuro.

El diario Milenio informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el viernes 15 de marzo una denuncia penal contra 21 ex funcionarios públicos, entre ellos Genaro García Luna, por el caso de Florence Cassez, ante la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República (PGR).

El anuncio de la CNDH

Tras constatar las “irregularidades” cometidas por la PGR durante la captura de Florence Cassez –en diciembre de 2005–, que derivaron en la reciente liberación de la ciudadana francesa procesada por secuestro, el 14 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que presentaría una denuncia penal contra el entonces titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna, así como contra otros tres altos mandos, 15 uniformados y dos agentes del Ministerio Público federal.

Según el Informe Especial de la CNDH sobre este caso, presentado el 14 de marzo, estos 21 implicados en la simulación del operativo en el que la extranjera fue presentada como capturada in fraganti, escenificado hace siete años para las cámaras de Televisa, así como otras “omisiones” de García Luna (quien luego fue nombrado secretario de Seguridad Pública), “viciaron el procedimiento penal respectivo, lo que trascendió en su resultado (la liberación de Cassez) y agravió a las víctimas (de los secuestros que se le imputaron)”.

Al realizar esta “escenificación ajena a la realidad”, se abunda, los involucrados “omitieron desempeñar sus cargos con la debida diligencia y pasaron por alto los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”, todo lo cual puede ser “constitutivo de delito”.

Dicho “montaje ajeno a la realidad”, con el que se representó la captura de una banda de presuntos plagiarios, entre los que se encontraba la ciudadana francesa, presentándose los hechos como si fueran verídicos, implicó, según el titular de la CNDH, Raúl Plascencia, “un engaño a la sociedad”, además de que, al contaminar el proceso penal seguido contra los acusados, propiciando que a Cassez se le liberara “no por inocente, sino por violaciones al debido proceso”, las autoridades implicadas privaron a las víctimas de secuestro del derecho al acceso a la justicia y, por lo tanto, a la reparación del daño.

Por esta razón, el ombudsman nacional emitió cinco “propuestas” dirigidas a la Procuraduría General de la República, con las que se busca revertir las afectaciones causadas por quienes en 2005 estuvieron al frente del falso operativo, que son:

1.- Tomar las medidas conducentes para investigar los probables delitos y faltas administrativas en que incurrieron cinco agentes y diez elementos que integraron las dos células de operaciones especiales que participaron en la escenificación, así como dos representantes del Ministerio Público de la Federación, además de los entonces titulares de la AFI (García Luna), de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro, de la Dirección General de Investigación Policial y de la Dirección de Operaciones especiales.

2.- Colaborar con la CNDH para la presentación y trámite de la denuncia que se formule, misma que según Plascencia será formulada “esta misma semana”, con el objetivo que se deslinden las responsabilidades correspondientes.

3.- Tomar las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a las víctimas de secuestros atribuidos a la banda a la que se acusó a Cassez de pertenecer.

4.- Implementar un programa permanente de educación y formación en derechos humanos, dirigido a los empleados de la PGR.

5.- Que la Procuraduría implemente “medidas cautelares” para salvaguardar los derechos de las víctimas en el presente caso, así como en las investigaciones que se lleven hasta la total detención de los responsables de los secuestros de que fueron presa.

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