Elba Esther Gordillo ajustó ayer su defensa legal en el proceso judicial que se le sigue en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) contrató como su abogado a Marco Antonio del Toro Carazo, quien durante los últimos años fue el defensor de Napoleón Gómez Urrutia, también acusado de la disposición ilícita de los recursos del Sindicato Minero.
Vía telefónica, el litigante confirmó que la Maestra le dio ayer el nombramiento como abogado, luego de varios días de hablar con ella y de llegar a un acuerdo para defenderla.
De acuerdo con del Toro, Gordillo revocó como defensores al exsubprocurador de la PGR Arturo Germán Rangel, José Rigoberto González Sánchez y Felipe Borrego, quienes fueron sus representantes legales durante las primeras dos semanas tras su captura.
“Puedo decir que ya asumí el patrocinio de todo el asunto (…) el planteamiento técnico desde mi opinión no es ni remotamente adecuado al formulado en la acusación, es lo único que podría decir, obviamente con un pleno respeto a la autoridad y va a ser una defensa técnica, combativa”, dijo.
Gordillo Morales fue detenida el pasado 26 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Toluca por el presunto desvío de mil 978 millones de pesos de cuentas del sindicato magisterial.
La semana pasada se le dictó auto de formal prisión ya que los delitos que se le imputan son catalogados como graves, por lo que permanecerá tras las rejas durante su juicio.
El nuevo abogado de la ex dirigente del SNTE dijo no estar de acuerdo con que lo califiquen como un especialista en casos de líderes sindicales y rechazó que Gordillo lo buscara por defender a Gómez Urrutia de una acusación similar, relacionada con el uso ilegal de recursos de la organización gremial.
“Soy apartidista, he defendido gente de los tres principales partidos del país, yo no veo el aspecto político, veo el aspecto técnico, he defendido mucha gente del sector empresarial y no fui ni remotamente buscado por el asunto de Napoleón”, aseguró.
En el caso de las acusaciones en contra de Gordillo la legislación vigente señala que el lavado se castiga con 5 a 15 años de prisión y multa de mil a 5 mil días de salario; en tanto que la delincuencia organizada tiene una penalidad de 8 a 16 años de cárcel y una multa de 500 a 25 mil días de salario.
En 2011, Del Toro ganó el amparo contra la orden de aprehensión librada contra Gómez Urrutia por lavado de dinero, uno de dos delitos que le fue imputado a la ex dirigente magisterial, el otro es delincuencia organizada.
Del Toro, cuyo despacho se encuentra en Guadalajara, fue coadyuvante del Gobierno federal en el llamado “Pemexgate” donde fue acusado penalmente Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato Petrolero.
Como litigante, ha defendido al cantante Alejandro Fernández en un caso de violación a los derechos de autor contra Sony Music; también a los exdirectivos del Atlas en los procesos que les fueron iniciados por delitos de defraudación fiscal.
Igualmente, ha representado al actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en una averiguación iniciada cuando fue alcalde de Guadalajara y por denuncia de Eumex.
