Reforma publica que en 13 estados del país, grupos de civiles armados han organizado la vigilancia de sus comunidades en 68 municipios para enfrentar a la delincuencia o evitar la explotación de sus recursos naturales.
Ese fenómeno ha sido más intenso en los últimos tres años en los que las acciones de al menos tres grupos han generado denuncias penales: dos por asesinatos dolosos en Ayutla y Tixtla, municipios de Guerrero, y una por despojo de patrullas y armas a la Policía Municipal de Buenavista Tomatlán, en Michoacán.
La Constitución establece que nadie puede violar las libertades de tránsito ni establecer circunstancias particulares de prisión preventiva, tampoco se puede hacer justicia por mano propia ni ejercer violencia para reclamar derechos.
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