Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y un funcionario de cárceles de Arizona podrían ser sentenciados a penas largas en prisión en caso de que sean hallados culpables de revelar códigos a narcotraficantes para abrir puertas fronterizas con México, la ubicación de sensores ocultos y otra información delicada, antes de que ambos se quedaran sin empleo.
El ex agente Ivhan Herrera Chiang y el ex funcionario penitenciario Michael López García serán sentenciados el 12 de agosto en el tribunal federal de distrito en Phoenix. Un acuerdo judicial con los fiscales pide que cada uno de los acusados reciba un máximo de 15 años en prisión.
Herrera se declaró culpable el viernes de aceptar sobornos como funcionario, reportó el martes el diario Yuma Sun.
Documentos de la corte federal indican que López se declaró culpable en mayo de asociación ilícita general y de asociación ilícita para la posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas.
Los dos fueron acusados a comienzos de 2012 de asociación ilícita para poseer drogas con intención de distribuirlas.
Como agente de la Patrulla Fronteriza, Herrera, de 29 años, estaba asignado en Yuma, mientras que López, de 28, trabajaba en la prisión estatal en San Luis, Arizona.
En su declaración judicial, Herrera reconoció haber entregado mapas y combinaciones de las garitas a López para dárselos después a los narcotraficantes. Los mapas mostraban las ubicaciones de sensores ocultos a lo largo de la frontera para detectar a las personas que ingresan sin permiso a Estados Unidos.
Herrera dijo que también utilizó bases de datos oficiales para buscar información confidencial sobre una carga de droga para López.
López dijo que recibió 5 mil dólares por dar la combinación de las puertas y que compartió el dinero con Herrera. Agregó que dio la información a traficantes, actuó como vigilante para los delincuentes y en dos ocasiones ingresó metanfetaminas a Estados Unidos.
López admitió haber vendido las metanfetaminas y también haber vendido cocaína a un narcotraficante, pero el comprador resultó ser un agente encubierto.
En su declaración judicial, López también admitió haber pedido a alguien en una organización de drogas que planeara el asesinato de un informante del gobierno, porque López pensaba que éste tenía evidencia incriminatoria sobre él y sus actividades.
AP.
