Proceso denuncia amenazas contra uno de sus reporteros; procurador de Veracruz lo niega

proceso comunicado

Tomada de la página de Proceso.

El semanario Proceso dio a conocer que su reportero Jorge Carrasco Araizaga corre riesgo físico luego que han recibido información sobre la presunta intención de funcionarios y ex funcionarios del estado de Veracruz de atentar contra su integridad personal.

Lo anterior, refiere un comunicado de Proceso, se debe al seguimiento que le ha dado Carrasco al caso del asesinato de su corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez.

Desde el pasado domingo por la noche,  según el semanario, comenzaron a recibir informes acerca de una reunión entre ex funcionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero en respuesta a su publicación más reciente en torno el caso de Regina Martínez, que comenzó a circular en todo el país el mismo domingo 14.

Proceso refiere que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación ya tienen conocimiento de todos los detalles relativos a esas juntas y sus supuestos participantes.

Desde la noche del lunes, estas autoridades activaron el mecanismo de protección a periodistas en favor del reportero.

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz no tardó en reaccionar y calificó de “infundada” la información difundida por la revista, a través de una carta enviada anoche (martes 16 de abril) a las instalaciones del semanario.

La carta fue reproducida por Proceso:

Lic. Rafael Rodríguez Castañeda
Director de la Revista proceso

Lic. Julio Scherer García
Consejo de Administración

El día de hoy la Revista proceso, a través de su edición en línea, publica una nota intitutlada “Amenazas contra el reprotero Jorge Carrasco” en donde se plantea que han recibido informes sobre supuestos planes y amenazas en contra del comunicador.

En el Gobierno de Veracruz rechazamos tajantemente estas acusaciones infundadas y reiteramos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento del Estado de Derecho y con el libre ejercicio de la profesión del periodismo y el pleno respeto al derecho a la información y a la libertad de expresión.

Ante acusaciones tan serias, invitamos a la revista y a su equipo que si cuentan con elementos que sustenten sus señalamientos, los presenten de manera inmediata ante las autoridades correspondientes para que pueda seguirse el debido proceso, y de ser el caso, se finquen responsabilidaes.

Atentamente

Felipe Amadeo Flores Espinosa
Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz

En contexto

La periodista Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue asesinada el 28 de abril de 2012.

Por su asesinato, el presunto cómplice en el crimen de la reportera recibió una sentencia a 38 años de cárcel.

Artículo 19 ha señalado que el ahora sentenciado, Jorge Antonio Hernández Silva, señaló haber sido torturado y amenazado para confesar el asesinato de la periodista, por lo que la Fiscalía Especial para Delitos en Contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó el Protocolo de Estambul.

Sin embargo, a pesar de que esta medida está reconocida en leyes nacionales e internacionales, Beatriz Rivera Hernández, Juez Tercera de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, condenó a 38 años de prisión al presunto responsable sin esperar los resultados de la evaluación que le practicaron.

La organización internacional refirió además que durante la investigación del homicidio, “fue patente la pretensión de las autoridades veracruzanas de litigar el caso en los medios de comunicación, con filtraciones interesadas con información difamatoria”.

Recordó que la juez Beatriz Rivera Hernández, sujetó a proceso en el año 2011 a dos usuarios de redes sociales como probables responsables de los delitos de terrorismo equiparado y sabotaje, por difundir información de supuestos hechos delictivos.

En este sentido, consideró que “ha demostrado desde entonces su cercanía con el gobierno del gobernador (Javier) Duarte y su desdén por la protección del derecho a la libertad de expresión“.

Artículo 19 señaló que en el caso de Regina Martínez Pérez como en otros asesinatos de reporteros, las autoridades estatales se empeñan en vincular los crímenes con la delincuencia común y asuntos de índole personal.

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