Jorge Soto Quintero viajaba en taxi uno de esos días nublados en Lima, Perú, cuando su vehículo fue detenido de golpe por una patrulla. En menos de 10 minutos, lo bajaron, registraron y le pusieron las esposas. Ese 24 de noviembre de 2007, su historia salió en todos los periódicos: diez personas habían caído en la llamada “Operación Doble Línea”, entre los cuales había seis mexicanos, tres colombianos y una peruana, acusados de traficar droga sintética a Estados Unidos. Él era uno de los mexicanos. Hace cinco años que cumple condena en una cárcel limeña por tráfico de drogas.

“Nos detuvieron por ser mexicanos. Nos asociaron con el cártel de Sinaloa y para nada. Me tocó la mala suerte y aquí me tienen, sin pruebas ni nada”, afirma desde su celular este agricultor sinaloense de 39 años que busca su traslado a un penal mexicano para terminar los 13 años que le quedan de condena.

En la casa de Quintero, quien llevaba ya más de un mes en Perú antes de su detención, se encontraron insumos químicos y 100 mil comprimidos del antigripal Palagrip-Forte, así como diversas herramientas utilizadas para la producción de metanfetaminas. Él insiste en que los antigripales se habían comprado legalmente, que se presentaron las facturas y que se probó al juez que ese tipo de medicamento no podía utilizarse como droga sintética. Dice que las pensaba donar a una ONG para ayudar a los afectados por el terremoto de 2007. La Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú lo acusó de formar parte del cártel de Sinaloa y de participar además en el envío de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos.

Desde la desatomización de los cárteles colombianos en la década de los 90, el esquema del narcotráfico cambió por completo en Latinoamérica. Los cárteles mexicanos se apropiaron de las rutas y empezaron a bajar cada vez más. Ya se les llega a ver en países como Bolivia y Perú, donde empieza la cadena de producción de cocaína.

“Desde hace tiempo se habla más de la presencia de cárteles mexicanos y de su alianza con las firmas locales que hay en el Perú, que son cientos y que trabajan en la producción, elaboración y distribución de clorhidrato de cocaína. El gobierno no ha probado la presencia de ningún cártel pero se habla del de Sinaloa y de su colaboración con estas mafias para llevar la droga por el Pacífico”, señala el investigador peruano, Jaime Antezana, uno de los mayores especialistas en narcotráfico en el país.

La cantidad de presos mexicanos en el Perú ha aumentado notablemente. “Aquí hay muchos mexicanos detenidos que han sido abandonados por la embajada y el gobierno mexicano”, afirma Soto Quintero. Gran parte de los detenidos en el extranjero piden su traslado a México, pero el proceso es complicado, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deben solicitar el traslado del reo y reubicarlo en un penal nacional para que cumpla su condena. “En la mayor parte de los casos, es más conveniente que cumplan su condena donde fueron detenidos”, afirma el abogado Félix Lara, quien desde hace dos años ha intentado trasladar a uno de sus clientes apresado en Panamá por narcotráfico.

El año pasado 41 países alertaron al gobierno mexicano por la presencia de mulas y burriers en su territorio. Según el documento mencionado, los traficantes han llegado a países como Croacia, Nueva Zelandia y Egipto. En Estados Unidos hay 17 mil 756 mexicanos detenidos por el mismo delito. La cifra total de connacionales presos en el mundo podría ser mayor, según la propia SRE, ya que no todos los países están obligados a informar sobre la nacionalidad de sus detenidos y algunos de los detenidos optan por no solicitar la ayuda del consulado mexicano.