A pesar de que el agente Luis Ángel León Rodríguez se encuentra en calidad de víctima de desaparición forzada desde noviembre de 2009, cuando fue raptado junto con otros seis compañeros y un civil por una célula del crimen organizado, la Policía Federal emprendió al año siguiente, un proceso administrativo en su contra por “abandono de trabajo”.
Producto de esta acción, el uniformado fue citado ayer a comparecer ante el Órgano Interno de Control de la Policía Federal –oficina que depende no de la Policía Federal, sino de la Secretaría de la Función Pública–, para explicar, como reza el oficio enviado al domicilio de su familia: “la presunta irregularidad en la que ha incurrido usted, consistente en que, en su carácter de Policía Primero, no presentó la declaración de modificación de situación patrimonial 2010″.
Luis Ángel, raptado en camino a Michoacán, a donde se dirigía en misión especial, no pudo, por obvias razones, asistir a la cita de ayer, a la cual debía acudir sin uniforme, desarmado y, de así considerarlo necesario, acompañado de un abogado. Sin embargo, en su lugar, en las instalaciones del Órgano de Control de la Policía Federal sí se presentó “su defensora”, la señora Araceli Rodríguez, madre del agente, para exigir una disculpa pública por este acto “absurdo”, que calificó como una “ofensa indignante”, y como una forma de “tortura psicológica”.
“Lo que más me duele –expresó la señora Araceli Rodríguez–, es que le estén imputando a mi niño irregularidades, que estén manchando su nombre, y estas lágrimas que estoy derramando son de mucho dolor, pero también de mucha indignación, porque cuando mi hijo desapareció, yo denuncié ante este mismo Órgano de Control las anomalías en que incurrieron sus superiores, como el no haber hecho nada durante los seis días posteriores a su secuestro, y eso no lo investigan, pero, en cambio, en esta oficina a mi hijo sí lo investigan por abandono de trabajo y por no haber presentado su declaración patrimonial, en una fecha en la que él ya estaba desaparecido.”
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Luego de que el titular del Órgano de Control de la Policía Federal, Jean Paul Aguilera Reynaud, confirmara que el proceso administrativo contra su hijo se inició tras verificar que, oficialmente, se considera que el agente incurrió en “abandono de trabajo”, la señora Rodríguez subrayó que esto es una muestra de la “incompetencia” de las autoridades, ya que la misma PF realizó en agosto de 2012 un homenaje a Luis Ángel y sus seis compañeros, “por haber sido víctimas de desaparición mientras se hallaban en cumplimiento del deber”.
Sentados alrededor de una mesa en la que se destinó una silla para la fotografía de Luis Ángel, Aguilera Reynaud informó que, ante la inconformidad expresada por la madre del agente, no sólo se determinó cerrar el procedimiento abierto en su contra, sino también se inició un rastreo de otros casos de uniformados que hayan sido víctimas de desaparición forzada, y que se encuentren en la lista de 16 mil funcionarios de la Policía Federal que han cometido “presuntas irregularidades administrativas”, búsqueda que ha arrojado de forma preliminar otros cinco posibles casos.
Cabe destacar que, aunque el funcionario reconoció que se incurrió en una “acción ofensiva” al citar a comparecer a una víctima de desaparición forzada, imputándole presuntas irregularidades administrativas cometidas luego de su rapto, negó que se hubiera cometido error alguno ya que “la Secretaría de la Función Pública no posee la base de datos de policías desaparecidos, y la Policía Federal no tiene la obligación de informarnos cuál es la razón por la que cada agente ha faltado a sus responsabilidades administrativas: como una baja o, en este caso, una desaparición forzada, así que no hubo ninguna falla.”
No obstante, aclaró, “de aquí en adelante yo le voy a pedir a la Policía Federal que me diga cuál es la razón de que solicite abrir procedimientos contra funcionarios, para que esto no vuelva a pasar”.
–Entonces –se le cuestionó– ¿la falla no fue de la Secretaría de la Función Pública, sino de la Policía Federal?
–No, el proceso se tendrá que ver, pero si la Policía Federal no me dice la situación que impera en el caso de un elemento, yo estoy atado de manos. Pero no hubo irregularidad, ésta se habría dado si no se enviaba el citatorio.
Ocho días en huelga de hambre
Luego de que Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, visitara ayer por algunos minutos a las ocho madres de desaparecidos que se encuentran en huelga de hambre fuera de sus oficinas, y les ofreciera encontrarse con él cuando y donde lo soliciten, para así revisar los avances en la búsqueda de sus hijos, las manifestantes reiteraron su demanda de ser recibidas no sólo por el titular de la PGR, sino prioritariamente por el presidente Enrique Peña Nieto, y para presionar al titular del Ejecutivo a aceptar esta exigencia, convocaron a los distintos grupos ciudadanos que les han expresado su apoyo a realizar “ayunos de 12 horas”, en solidaridad con ellas.
Además, ayer mismo, el Senado de la República aprobó, por unanimidad, un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente Peña Nieto a atender a estas ocho madres y familiares de desaparecidos, que buscan este encuentro para que el titular del Ejecutivo explique la falta de acciones concretas para la localización de sus hijos.
Las manifestantes, además, informaron que la ciudadanía puede estar pendiente de las acciones que emprendan, a través de la cuenta de Twitter @MadresMexHuelga, a través de la cual ayer le dirigieron un mensaje a Peña Nieto: “Señor presidente, queremos pensar que sus ocupaciones no lo dejan reunirse con nosotras y no la soberbia de tener el poder”.
Hoy, la huelga de hambre de las madres y familiares de desaparecidos llega a su octavo día.
