En cinco años, la implementación de la reforma penal ha enfrentado escasos avances, recursos financieros limitados, carencia de legislación de regulaciones secundarias e incluso el desconocimiento de la población acerca de su propósito.
Ayer, durante el Quinto Foro Sobre Seguridad y Justicia “Por una adecuada implementación de la reforma penal”, personajes de distintos ámbitos y niveles exhibieron el retraso que impera en la aplicación de la reforma constitucional de 2008, la cual fue proyectada para dar eficacia a los sistemas de procuración y administración de justicia.
Sergio Valls, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió que los impulsores de la reforma, presentada en el sexenio anterior, dejaron a la deriva su implementación una vez que fue aprobada.
“Hay que decirlo y decirlo con todas sus letras: casi nada, muy poco se ha hecho. Esto constituye un obstáculo para seguir adelante y falta mucha capacitación para los profesionales que operan en el sistema, no solamente jueces y ministerios públicos, sino policías, defensores públicos, peritos”, señaló Valls.
A tres años y un mes de que venza el plazo para que el nuevo sistema de justicia opere a nivel nacional, sólo tres estados trabajan bajo el nuevo esquema acusatorio-oral y 10 más de manera parcial. Una vía para acelerar la implementación sería la aprobación de la iniciativa de Código Único de Procedimientos Penales, el cual serviría para homogeneizar la regulación procesal dado que en la actualidad la federación y cada entidad tienen uno propio.
“La existencia de ordenamientos jurídicos tan inconexos como confusos, la falta de un Código de Procedimientos Penal Único, dificulta que los problemas de lentitud, de falta de transparencia, de exceso en trámites, e inclusive de desigualdad, sean abordados eficazmente”, sostuvo el Ministro.
Sin embargo, no sólo se requiere el Código Único, del cual a lo largo del día se deslizó la posibilidad de que sea analizado por el Congreso en sesión extraordinaria. La operación del nuevo sistema requiere 14 regulaciones distintas a nivel estatal y federal, entre ellas las leyes de Ejecución de Sanciones; Orgánica de Procuradurías y PGR; de Defensorías Públicas; de Justicia Alternativa, y Códigos Penales.
María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), enfatizó que un factor es el financiamiento. En los años anteriores se destinaron 400 millones de pesos anuales en subsidios federales para que la Setec los repartiera, por lo que a cada estado le correspondieron un promedio de 15 millones.
“Es indispensable la voluntad política, sin ese motor difícilmente algo camina, pero en la misma construcción de las políticas públicas es indispensable la vialidad financiera”, manifestó Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del DF, tras exponer que estiman que costará entre 8 mil y 10 mil millones de pesos la implementación del nuevo sistema en la capital del país, que prevén concluir en enero de 2015.
Previamente, durante la inauguración, Alejandro Martí, presidente de México SOS y organizador del foro, sostuvo que notaban omisión de numerosas autoridades estatales para aplicar la reforma.
Luego de que en su mensaje inaugural el Presidente Enrique Peña Nieto llamó a acelerar el paso para implementar el sistema, por la tarde el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, afirmó que la reforma está en la más alta prioridad del Gobierno federal.
La urgencia de transformar la justicia en el país parte de la situación del modelo actual, el cual, aseguró el Ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar, es anacrónico porque no sirve para defender a las víctimas ni perseguir a los delincuentes.
“Estamos en una paradoja, con este sistema penal tenemos el peor de los mundos: un sistema que provoca que nuestras prisiones estén saturadas de inocentes, generalmente personas de las clases más desprotegidas, de grupos vulnerables, como los indígenas, y al mismo tiempo no es útil para combatir a la delincuencia, generando el fenómeno de la impunidad”, agregó Zaldívar.
Un aspecto más de los problemas que enfrenta la implementación del nuevo sistema penal es que la población lo no conoce. Al exponer el trabajo de la Cetec, Fromow detalló que el año pasado se levantó una encuesta con 16 mil muestras que arrojó que menos del 11% de la gente sabe sobre la reforma constitucional, a pesar de que la participación de la ciudadanía será una pieza clave de su buen funcionamiento.
“Desafortunadamente podríamos decir que menos del 11 por ciento de la población sabe que en 2008 hubo una reforma constitucional que modifica nuestro sistema penal. También es muy importante que siguen teniendo una percepción negativa de lo que es el sistema de justicia penal”, dijo la funcionaria federal.
