El proceso penal contra los militares que permanecen presos tras ser acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) en 2012 de proteger la operación de la organización de los Beltrán Leyva entró en su recta final.
Los Generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, así como el Mayor Iván Reyna Muñoz, solicitaron al Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, en el Estado de México, que se declare agotada la etapa de instrucción de su proceso y renunciaron a las pruebas que solicitaron a su favor que no han sido desahogadas.
Con esta acción, los militares siguen los pasos que realizó el General de División Tomás Ángeles Dauahare ante el Juez Raúl Valerio Ramírez y que culminaron con su liberación del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, el 17 de abril, luego de que la PGR presentó en el cierre de su juicio conclusiones no acusatorias por el delito de delincuencia organizada.
De acuerdo con información judicial, tras la excarcelación del ex subsecretario de la Defensa Nacional, los abogados del General Brigadier Dawe González presentaron el 19 de abril la petición al Juez para que declare en su caso agotada la etapa de instrucción y notificara al resto de los militares si estaban de acuerdo.
A la solicitud del Brigadier se adhirieron el 23 de abril el General de División Escorcia Vargas y el General de Brigada Pérez Ramírez, al igual que el Mayor Reyna Muñoz.
Aunque inicialmente el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto también informó al Juez que se sumaba a la petición, su defensa todavía analizaba ayer si es incluido en el cierre de la instrucción.
Otro que se adhirió a la solicitud del cierre de su caso fue el lugarteniente de los Beltrán Leyva, Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, quien está incluido en el juicio porque la PGR lo acusó de operar aterrizajes de aviones con cocaína en aeropuertos con la protección de militares.
La información señala que sólo el capo Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, y Denis Rodríguez Pacheco, presunto miembro de la organización criminal, también procesados junto con los Generales, se opusieron en un inicio a unirse a la solicitud del cierre de su juicio.
Por ahora, tanto los militares presos en el Altiplano como sus defensas están a la espera de que el juez Valerio Ramírez notifique que declara agotada la instrucción, lo que hasta el pasado martes no había ocurrido. El Juez puede resolver cerrar la etapa, pero aún así ordenar el desahogo de pruebas que estén pendientes y que convengan a los procesados, pues, por ejemplo, una diligencia está programada para el 6 de mayo.
Una vez que sea declarada agotada la instrucción, las defensas y la PGR tendrán 10 días para manifestar si tienen más pruebas por ofrecer, y, en caso que así sea, deberán presentarlas en las dos semanas siguientes.
No obstante, si ninguna parte solicita aportar más pruebas, entonces el Juez atenderá la petición de los acusados de separar el proceso de cada uno, puesto que el Teniente Coronel Hernández Soto, “El Indio”, y Rodríguez Pacheco continuarían en juicio.
Después de la separación del proceso de los tres Generales y el Mayor, Valerio Gómez procedería entonces al periodo final, que es el de las conclusiones, las cuales podrían ser presentadas para cada implicado en fechas distintas.
Utilizados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para armar el expediente en contra de los militares, los testigos colaboradores “Jennifer” y “Mateo” no han ampliado sus declaraciones durante los casi 9 meses que ha durado el juicio, iniciado el 6 de agosto de 2012, según datos del caso.
Hasta ahora, los señalamientos asentados en el juicio son los que ambos testigos colaboradores efectuaron ante la SEIDO, pues la diligencia en la que están llamados a comparecer ante el Juez está programada hasta el 5 de agosto, la cual sería vía videoconferencia porque están en Estados Unidos.
Desde que consignó el expediente al Juez, el 24 de julio del año pasado, la PGR tampoco ha aportado mayores pruebas durante el proceso, salvo un oficio que entregó en enero exponiendo que los dichos de sus testigos colaboradores fueron corroborados por personal de la SEIDO durante inspecciones a los lugares que refirieron como puntos donde se celebraron reuniones entre miembros de los Beltrán Leyva y los militares acusados.
No obstante, para las distintas defensas las imputaciones de los testigos colaboradores carecen de fechas, direcciones y detalles específicos, por lo que no tienen sustento e incluso se contradicen.
Un ejemplo es el caso del General Escorcia Vargas. En una declaración, “Jennifer” señaló que atestiguó que el ex mando de la 24 Zona Militar en Morelos se reunió con narcotraficantes a mediados de 2007. Sin embargo, en otra diligencia refirió que hasta finales de ese año supo de su apoyo y posteriormente dijo que los datos que conocía sobre su supuesta colaboración partían sólo de comentarios que le había hecho “La Barbie”, quien a su vez, ante el Juez, negó conocer al militar.
Entre las pruebas que la defensa del General Escorcia Vargas ha presentado para desestimar los señalamientos de la SEIDO están estudios en criminalística, psicología y grafología, los cuales también buscan demostrar que el Mayor Reyna Muñoz fue presionado por fiscales para firmar una declaración en la que expuso que el ex mando de la 24 Zona Militar lo envió a un restaurante en Cuernavaca para reunirse con emisarios de la organización, supuesto hecho que derivó en su detención.
¿Qué sigue en el juicio de los militares? Así fueron los pasos en el caso del general Tomás Ángeles Dauahare
6 DE AGOSTO DE 2012: Es sujeto a juicio por delincuencia organizada junto con el resto de los militares acusados de favorecer la operación de los Beltrán Leyva.
17 DE ENERO: Su defensa solicita el cierre de su instrucción, separación de autos y desistimiento de todas las pruebas pendientes por desahogar.
15 DE FEBRERO: El Juez Raúl Valerio Ramírez declara agotada la instrucción respecto al General Tomás Ángeles Dauahare y ordena dejar el expediente a la vista de las partes para que en un plazo de 10 días ofrecieran pruebas que pudieran desahogarse en los 15 días siguientes.
5 DE MARZO: El Juez decreta la apertura del incidente de separación del proceso de Ángeles Dauahare del resto de militares y presuntos delincuentes implicados en la misma causa penal.
2 DE ABRIL: El Juez declara procedente el incidente de separación del proceso derivado del cierre de instrucción.
8 DE ABRIL: El Juez ordena la integración de la causa penal específicamente para Ángeles Dauahare, una vez que se separó del proceso del resto de implicados.
11 DE ABRIL: Se declara cerrada la instrucción y se llama a la PGR para que en un plazo no mayor de 30 días hábiles presente sus conclusiones.
16 DE ABRIL: La PGR presenta conclusiones de inculpabilidad a favor de Ángeles Dauahare por el delito de delincuencia organizada, por lo que el Juez le solicita que en un plazo de 10 días confirmara su decisión.
17 DE ABRIL: El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirma las conclusiones no acusatorias a favor de Ángeles Dauahare. Ante la determinación, el Juez decreta el sobreseimiento de la causa penal en su contra y ordenó su inmediata libertad.
En tanto, en entrevista con La Jornada, a decir de los abogados de los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como los defensores del teniente coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván Reyna Muñoz, coacusados del general Ángeles, a partir de las revelaciones que hizo José Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), se abre un panorama de posibilidades para investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.
Salinas Martínez reveló el martes estar sujeto a una investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que colaboradores de Marisela Morales tratan de relacionarlo con grupos criminales, y por decisión de la ex procuradora, la Seido fue utilizada por militares para afectar al general Tomás Ángeles Dauahare.
