El pleno del IFAI instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer los nombres de los municipios y estados, montos y periodos que condonó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), conforme al acuerdo presidencial de 2008.
En la sesión del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la comisionada Jacqueline Peschard indicó que según el Informe de la Cuenta Pública de 2010, de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno federal dejó de recibir ese año más de cuatro mil 997 millones de pesos por el “borrón fiscal”.
[contextly_sidebar id=”a0db05b9e32f33fe79289984701539ae”]El acuerdo de 2008 para que estados y municipios celebraran convenios con el SAT para recibir ese beneficio, expuso, se extendió en la Ley de Ingresos de 2013, para que quienes pagaran el ISR de 2012 recibieran el beneficio de condonación de adeudos anteriores.
Al resolver un recurso de revisión de un particular, consideró que el argumento del SAT para no dar a conocer los nombres de los beneficiarios, para no violar el secreto fiscal, quedaba rebasado por tratarse de un tema de interés público.
Con el voto disidente del comisionado presidente Gerardo Laveaga y de la comisionada Sigrid Artz, se avaló con tres votos a favor el proyecto de Jacqueline Peschard para revocar la respuesta original del SAT.
“Lo que hacemos en este asunto es, efectivamente hacer una ponderación para ver en dónde está el interés público mayor, si en proteger el derecho de los contribuyentes, que en este caso son autoridades que están sujetas a la transparencia, o si debe privar el que se proteja porque es información de carácter fiscal”, mencionó.
El documento destaca que esa condonación de deuda corresponde a montos que la Federación deja de recibir por cobro de impuesto, lo cual se identifica como gasto fiscal, y este gasto siempre es público.
Al respecto, la comisionada María Elena Pérez-Jaén expresó que es importante conocer a quién se beneficia con la condonación de adeudos, mientras que el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar lamentó que se utilice como argumento la defensa de las leyes para “justificar la opacidad”, y manifestó su voto a favor del proyecto.
El comisionado presidente Gerardo Laveaga respondió que se opone a la opacidad, pero también tiene que defender la legalidad, a la vez que reiteró su voto en contra del proyecto al considerar que la resolución violenta el secreto fiscal. En el mismo sentido se pronunció la comisionada Sigrid Artz.
NTX
