Entre 2009 y 2011, una mujer y ocho hombres internos en penales de la Ciudad de México murieron a causa de cáncer, sida y otras enfermedades agravadas por una “mala práctica médica” en la que incurrió tanto el personal sanitario de los centros de reclusión, como de los hospitales públicos donde eventualmente fueron atendidos, y que se caracterizó por falta de diagnósticos oportunos, respuesta negligente ante reportes de complicaciones, así como por la negativa a realizar estudios especializados, brindar tratamientos hospitalarios u otorgar medicamentos adecuados a los reclusos con padecimientos de salud, que derivaron en su fallecimiento.
Esas son las conclusiones a las que llegó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en su recomendación 9/2013, emitida el pasado 29 de abril, y que es resultado de más de tres años de investigaciones, tras los cuales, el ombudsman capitalino concluyó que
en estos nueve casos el Gobierno de la Ciudad de México violó el derecho de los reclusos a la vida, a la salud y a la integridad física, incurriendo los funcionarios responsables de su atención en negligencia médica, así como en tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Así, tras detectar estas prácticas, la CDHDF demandó a la Secretaría de Salud, entre otras cosas, elaborar un diagnóstico de la “prevalencia de enfermedades” en cada cárcel capitalina que sirva como base para desarrollar un “programa de atención médica especializada” para las personas en reclusión, además de que le exigió brindar “apoyo social” a las familias de los reclusos fallecidos, y reembolsarles los gastos funerarios.
Por otra parte, el ombudsman demandó a la Secretaría de Gobierno del DF desarrollar un sistema efectivo para vigilar que los reclusos con padecimientos médicos reciban con puntualidad las consultas y tratamientos adecuados, además de perfeccionar el sistema de atención de peticiones formuladas por internos o sus familias, relativas a cuestiones médicas.
Focos rojos
La recomendación destaca que estos casos de comprobada negligencia médica y obstaculización de una adecuada atención representan “un foco rojo para la CDHDF”, no sólo por su gravedad, sino porque “cada vez son más las violaciones al derecho a la salud de los internos“, mismos que son víctimas de “estigmatización, concibiéndolos como no titulares de este derecho por la sola condición de reclusión en la que permanecen”.
Entre los nueve fallecimientos de reos investigados por la Comisión de Derechos Humanos capitalina están los de tres personas diagnosticadas con VIH y otros tres de pacientes con cáncer.
Además, el ombudsman documentó el caso de una mujer interna en el penal femenil de Tepepan que, 15 días antes de fallecer (en 2009), se comunicó telefónicamente a la CDHDF para denunciar que no estaba recibiendo atención médica y, finalmente, murió por “insuficiencia hepática“.
La recomendación 9/2013 también incluye el caso de un enfermo de diabetes mellitus que murió por falta de atención y el de un recluso parapléjico que por estar permanentemente en silla de ruedas presentaba llagas nunca atendidas por las autoridades penitenciarias del DF, mismas que le causaron una infección general, o sepsis, que lo llevó a la muerte.
Por último, la CDHDF documentó el caso de un motociclista que, tras sufrir un accidente vehicular en 2007, fue encarcelado con la cadera fracturada. En este caso, el afectado no falleció, pero sí quedó con secuelas permanentes debido a que no recibió atención médica sino hasta un año después.
