Para atender el fenómeno de migración entre México y Estados Unidos es necesario que sus gobiernos reactiven una Comisión Binacional que se ocupe de las necesidades de los migrantes en ambos países y regule los flujos, advierte un informe conjunto del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la Universidad de Georgetown.
Agustín Escobar Latapí, investigador del CIESAS, expuso ayer que en el estudio concluyeron que la reforma migratoria que se discute en el Congreso de Estados Unidos no será benéfica para los migrantes si no se implementa un mecanismo de coordinación entre los dos países que vele por sus demandas, principalmente en materia de salud, educación y empleo.
El estudio “Diálogo binacional sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos y México” fue elaborado por 28 especialistas de los dos países para analizar la situación en empleo, seguridad social, educación y salud de migrantes legales e indocumentados en las dos naciones.
Dentro del informe de 70 páginas, los expertos exponen que las administraciones de Jimmy Carter y José López Portillo implementaron en 1979 el Mecanismo Consultivo para atender temas políticos, sociales y económicos, el cual consiguió un acuerdo sobre transferencia escolar y, en los noventa, el Memorándum de Entendimiento sobre protección consular para definir procedimientos de repatriación, y persecución de tráfico de ilegales y delitos cometidos en su contra.
No obstante, desde 2000 la agenda entre ambos países se restringió a temas de seguridad y tráfico de drogas y armas, dejando a un lado el fenómeno de migración y cesando la operación de la Comisión Binacional, la cual los investigadores proponen que ahora sea encabezada por las Cancillerías y las dependencias encargadas de aduanas, además de que cuente con la intervención de los estados.
“Casos que involucran derecho familiar, pensiones y muchos nuevos requisitos necesarios para garantizar el acceso a la escuela y a la educación superior, o a servicios médicos de emergencia o regulares, funcionan con escasa o nula supervisión bilateral.
“Aunque los flujos de personas que migren sean hoy menores, el tema migratorio es crucial para decenas de millones de personas de ambas nacionalidades en ambos países; para atender las necesidades de esas personas se requiere un nuevo mecanismo de consulta binacional que incluya a funcionarios de las dependencias gubernamentales que atienden el fenómeno”, expone el estudio.
A pesar de que el flujo de indocumentados mexicanos hacia Estados Unidos está en su nivel más bajo en 30 años, en el vecino país viven 12 millones de connacionales.
De 2000 a 2010, según el estudio, aumentó de 56 por ciento a 70 por ciento la tasa de migrantes mexicanos que formaron familia en Estados Unidos, sin embargo enfrentan carencia de servicios de salud por las restricciones migratorias y el incremento de desempleo formal, el cual los empuja a trabajar de manera clandestina y sin prestaciones.
Los descendientes de migrantes indocumentados continúan siendo un grupo social con poca educación a pesar de que sean ciudadanos estadounidenses y hablen inglés, pues el estatus ilegal de sus padres influye para que dejen la escuela.
Por otra parte, con el incremento de migrantes que regresaron a establecerse de nueva cuenta al país por la crisis económica y las medidas restrictivas en su contra implementada por las autoridades estadounidenses, también aumentó la llegada de hijos o familiares que nacieron en la Unión Americana.
De acuerdo al estudio, para 2010 casi un millón de migrantes habían vuelto para reasentarse, a los que se sumaron 730 mil estadounidenses de nacimiento, de los cuales el 77 por ciento son menores, por lo que el Gobierno mexicano debe establecer medidas que faciliten su incorporación a los servicios en el país.
“Entre los retornos, muchos son fruto de haber logrado exitosamente los objetivos de la migración; otros descansan en decisiones familiares o empeoramiento de la salud, y otros más por decisiones muy influidas por el cierre efectivo casi total de la frontera para los cruces ilegales, de modo que, por ejemplo, una esposa y sus hijos nacidos en Estados Unidos deciden migrar a México para reunirse con un esposo deportado”, sostiene el informe.
Al presentar el estudio, Escobar Latapí enfatizó que la reforma de migración que analiza Washington será insuficiente para asegurar la integración social de los indocumentados mexicanos en el vecino país porque el proyecto contempla un camino complejo para su regularización.
Una acción concertada del Gobierno mexicano e incluso apoyada por organizaciones civiles podría apoyar a los migrantes si se concreta la reforma.
“No se busca influir en la legislación de Estados Unidos, sin embargo, insistimos en que se necesita un mecanismo de coordinación, que no es para que vayan más mexicanos a Estados Unidos, esa es una idea equivocada, sino para que los mexicanos que están allá y los estadounidenses que están acá puedan ser ciudadanos que realmente contribuyan a los dos países”, manifestó Escobar Latapí.
