Los bienes inmuebles, inversiones y valores con que cuenta un servidor público dejarán de ser secretos si la Corte resuelve este lunes su publicidad y con ello evita posibles casos de enriquecimiento ilícito.
Actualmente las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos son información reservada y sólo se puede dar a conocer si ellos así lo desean. Por ello Fundar, Centro de Análisis e información A.C. presentó un amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual será resuelto este lunes.
[contextly_sidebar id=”f2011bfba172e240609dfee2d8bf06ae”]Desde enero de este año la Corte tiene enlistado para su discusión en el Pleno el amparo en revisión sobre el acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales.
“Las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales permiten prevenir y detectar actos de corrupción y conflictos de interés”, explica Gabriela Aguirre, abogada y encargada del área de defensoría legal de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., organización que promueve el amparo ante la Corte.
Investigadores de Fundar, entre ellos Guillermo Ávila, presentaron desde 2011 solicitudes de información a los diputados federales de la LXI Legislatura para que se dieran a conocer sus declaraciones patrimoniales.
Desde entonces, la petición ha mantenido un vaivén jurídico pues se convirtió en un amparo que ahora llegó al máximo tribunal del país.
Fundar explica qué es una declaración patrimonial en su sitio de internet: “Las declaraciones patrimoniales son documentos, físicos y/o electrónicos, en los que cada servidora y servidor público describe su situación financiera que incluye los bienes muebles e inmuebles, inversiones, valores, propiedades, acciones, etc. Por la información que proveen, las declaraciones son instrumentos para el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas porque sirven para detectar y prevenir actos de corrupción (como el enriquecimiento ilícito, y los conflictos de interés)”.
Los argumentos de Fundar para solicitar que esta información se convierta en pública derivan de los casos de corrupción que se han suscitado en México al conocer investigaciones contra funcionarios que han incurrido en enriquecimiento ilícito.
“Tener acceso público a esta información implica la posibilidad de conocer variaciones anómalas en el patrimonio y contar con los elementos para evaluar las decisiones públicas y definir si existen conflictos de interés en la función pública”, detalló Fundar.
Y aunque los servidores públicos tienen derecho a la protección de sus datos personales, también es cierto que prevalece un interés público por conocer esta información derivado de la naturaleza de su cargo.
“Tener acceso público a las declaraciones patrimoniales implica la posibilidad de conocer variaciones anómalas en el patrimonio y contar con los elementos para evaluar las decisiones públicas y definir si existen conflictos de interés en la función pública”
Gabriela Aguirre elaboró el litigio estratégico presentado ante la Corte y en sus argumentos expresó que, considerando el contexto de desconfianza hacia las instituciones políticas y la función pública en el país, “es muy necesario que, en aras de fortalecer la legitimidad del servicio público, el máximo tribunal de justicia en el país emita criterios favorables para la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. De esta manera, también se fortalecerá la defensa del principio de máxima publicidad y del derecho de acceso a la información pública”.
La estrategia
En entrevista con Animal Político, Gabriela Aguirre explicó la estrategia de Fundar para intentar acceder a las declaraciones patrimoniales de los diputados federales. “Se les hizo na solicitud de la información vía derecho de petición. Se le pidió a la Auditoría Superior de la Federación versiones públicas y las negó al argumentar que era información confidencial.
“Se presentó el recurso que derivó en amparo, siguió su curso y al momento de estar en un Tribunal Colegiado, éste decidió que no tenía los elementos necesarios para resolver el caso porque no hay criterio de la Corte que tenga delimitado este juego de derechos que es el acceso a la información versus información de funcionarios públicos. Cuando estaba en la Corte en enero decidieron remitirlo al pleno y ya está listo para discutirse este lunes”, explicó.
Los argumentos jurídicos para solicitar la información son el artículo 6 de la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, así como diversas convenciones internacionales que promueven el derecho a saber y convenios firmados por México para combatir y prevenir la corrupción.
“Justo lo que platicamos con los ministros es la pertinencia del tema. Es un tema de interés nacional que se discuta en el máximo tribunal del país y de nuestra máxima pretensión. Esa información ayuda a construir confianza, abona a la legitimidad democrática, ayuda a generar este diálogo. En Colombia o Argentina hacen públicas sus declaraciones patrimoniales”, dijo.
De darse una discusión favorable hacia Fundar, la Corte deberá considerar inaplicable el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“Lo que nosotros pedimos son las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de la pasada legislatura. Para que eso suceda tiene que haber una reinterpretación de este artículo porque lo aplican para negarnos la información. En los juzgados por donde pasó ya la solicitud de información y en la Auditoría, nos contestan que no pueden entregar esta información por la protección de datos personales. Nosotros consideramos que la Corte determine bien estos criterios”, explicó.
La resolución impactaría no sólo a los diputados federales quienes tendrían que entregar sus declaraciones patrimoniales en versiones públicas. También tendría consecuencias para los servidores públicos en general.
“Sí impactaría al resto de los servidores públicos porque el artículo 108 de la Constitución señala quiénes son los servidores públicos y ahí están los diputados, senadores, el Gabinete, el Poder Judicial, el Presidente, los gobernadores, ahí están todos detallados”, dijo Gabriela Aguirre.
Declaraciones abiertas vs. seguridad
El investigador de Fundar, Guillermo Ávila presentó un escrito ante la Corte para expresar los argumentos de porqué deberían ser públicas las declaraciones patrimoniales.
Una de las máximas trabas por parte de los servidores públicos para negar la entrega de esa información se debe a su seguridad.
Ávila expresó ante la Corte dicha inquietud:
“La preocupación por la seguridad personal de los servidores públicos debe discutirse de manera amplia. Desde la perspectiva de la ética en el ejercicio de la función pública, cualquier medida preventiva debe tener como criterio principal de decisión el interés público.
“En este caso, el acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales es un mecanismo de control y escrutinio ciudadanos sobre el desempeño ético de los servidores públicos por lo que la información que permita conocer la situación patrimonial es necesaria para detectar y prevenir posibles actos de corrupción”, concluye el escrito.
