“Hemos hecho sondeos y la ciudadanía está muy satisfecha. Y en lugares que eran muy pesados hace unos meses, la gente ya sale con sus niños. Para nosotros es una satisfacción porque es bonito devolverle la tranquilidad a las comunidades”, asegura Tomás Mayo, uno de los coordinadores regionales de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, en la localidad de Ayutla.
Desde hace año y medio la situación de inseguridad había ido de mal en peor en este municipio de la Costa Chica. Al menos dos grupos del crimen organizado, los Pelones y la Barredora, habían extendido el terror por el pueblo. “Había secuestro, extorsión, cobro de plaza, cobro a negocios…”, afirma Mayo. Por ejemplo, un ganadero tenía que pagar 500 pesos por derecho de piso, más una cuota de un peso por cada kilo de carne que vendiera.
[contextly_sidebar id=”7914582a7176a73e86c0bf28e597ea67″]La policía municipal, por complicidad o por temor, no hacía nada contra ellos, así que “eran los dueños del pueblo”, sostiene frente a la nueva sede del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG en Ayutla, en la calle principal de la localidad.
Hasta que el pasado 6 de enero integrantes de la UPOEG, una asociación civil que promueve el desarrollo regional, organizaron una autodefensa, instalaron retenes y, encapuchados y vestidos de civil, detuvieron a 52 personas que supuestamente pertenecían o colaboraban con los grupos del crimen organizado. Los conocía, sabían dónde estaban y lo que hacían porque Ayutla apenas cuenta con alrededor de 15 mil habitantes.
En los días siguientes, en la región de la Costa Chica se sucedieron levantamientos similares de otras autodefensas de la UPOEG.
Al principio provocaron la alarma de las autoridades, pero evolucionaron rápidamente. Se quitaron las capuchas y conformaron asambleas para legitimarse en forma de policías comunitarias, una figura reconocida por la legislación guerrerense como parte de los usos y costumbres indígenas desde 2009, año en que se aprobó la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
Las policías comunitarias se aglutinan ahora en Guerrero en torno a dos organizaciones: la UPOEG y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Ésta ya tenía su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria desde 1995, pero debido al aumento de la inseguridad en los últimos meses ha visto aumentar vertiginosamente el número de cabeceras municipales y comunidades que se han integrado a ella o que han pedido adherirse.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido, asegura que su organización cuenta con unos 2 mil 600 policías comunitarios repartidos en 10 municipios, casi todos de la Costa Chica. Mientras que la CRAC supera los mil 500 hombres en una quincena de municipios, principalmente en la región de la Montaña.
Son sobre todo campesinos, pero también maestros, albañiles, comerciantes, ganaderos, profesionistas… y no cobran ningún sueldo, lo hacen voluntariamente. Van uniformados y portan armas reglamentarias: pistolas de 9 milímetros, escopetas, fusiles de calibre 22…
Están a la entrada de las comunidades, hacen retenes y revisan vehículos, hacen por las noches en los pueblos y sus alrededores, juzgan a quienes infringen las normas y los someten a “reeducación”. Incluso se han enfrentado ocasionalmente a tiros con integrantes del crimen organizado, aunque afirman que éstos ya casi no actúan en las zonas bajo su control.
El Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria de la CRAC había pasado desapercibido para el resto del país hasta que en enero comenzaron los surgimientos de grupos de autodefensa de la UPOEG.
Éstos ya llevaban un tiempo preparándose para asumir la seguridad en varios municipios de la Costa Chica ante el acoso del crimen organizado. El secuestro en enero de un comisario de la comunidad de Rancho Grande, del municipio de Ayutla, fue el detonante.
Para el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, la razón de fondo del surgimiento de estos grupos es la “situación precaria de la vida democrática en Guerrero”, ya que tradicionalmente el sistema político de este depauperado estado “no está cimentado en las instituciones que generan democracia” sino en “cotos de poder caciquil”.
El incremento de la violencia generada por el crimen organizado, que en Guerrero viene propiciada por una sinnúmero de cárteles, se recrudeció hace unos años. No obstante, “la gente dio un periodo de prueba” al Operativo Guerrero Seguro, lanzado en 2009 con la participación del ejército y la marina.
Pero con el tiempo, “la gente ya vio que el Operativo Guerrero (2009) es un operativo oneroso, aparatoso, fanfarrón e ineficiente. Y ya no hay otro cuerpo de seguridad del Estado que digas: ‘Ahora ¿quién?’”, por lo que resolvieron que ya el único que podía proporcionarles seguridad eran ellos mismos, explica.
Los primeros en enfrentarse con la delincuencia organizada fueron los vecinos de Huamuxtitlán, en la zona de la Cañada de la región de la Montaña, en junio del año pasado. Miguel Ángel Vitrago, coordinador del Frente Ciudadano de Seguridad de este municipio, recuerda que desde 2009 se sucedían los asesinatos, los secuestros, los robos y los asaltos ante la pasividad de las autoridades locales.
“Enfrente del ayuntamiento municipal estaban asaltando a mano armada y cuando se iba a ver a las autoridades no había nadie. Los policías no estaban, el síndico no se encontraba, ni la presidenta municipal, no había nadie. La población estaba en manos de la delincuencia”, lamenta.
“Lo más grave fue el día 2 de junio del 2012 cuando se viene el secuestro de 18 personas de diferentes familias. Cuando nos dimos cuenta la población de ese secuestro nos dio mucho coraje y nos levantamos. En toda la noche, la gente anduvo corriendo por diferentes lugares persiguiendo a los delincuentes”, rememora.
A principios de este mes el Frente Ciudadano de Seguridad de Huamuxtitlán se integró junto con otras fuerzas de seguridad civiles en la CRAC, para lo cual ha tenido que cumplir una serie de requisitos, explica Francisco Delfino Ramos, coordinador de la radio comunitaria de la CRAC en San Luis Acatlán. “Uno de los primeros es conocer muy bien el reglamento interno. Por ejemplo, no pueden andar enmascarados, ni tomando con el uniforme”.
Además, diferencia de la UPOEG, donde los miembros de la policía comunitaria se ofrecen, “en la CRAC los policías son nombrados en una asamblea”.
Por lo demás, los cuerpos de policía de ambas organizaciones son bastante similares. Los policías no cobran ningún salario por su actividad. Las dos tienen un sistema de justicia basado en la reeducación que incluye la imposición de penas basadas en el trabajos en beneficio de las comunidades (construir escuelas, arreglar carreteras…), si bien la UPOEG en los casos más graves remite a los delincuentes a la justicia “oficial”, algo que nunca hace la CRAC.
Ambas reivindican tener objetivos más amplios, como programas de desarrollo y capacitación en diversas materias. Las dos reciben ayudas estatales, desde uniformes a camionetas o ambulancias, y tanto una como otra aseveran que esto no afecta a su independencia y que no se someterán a las autoridades municipales o estatales.
En cuanto a su relación con las fuerzas federales, Tomás Mayo señala que en Ayutla han llegado a un acuerdo con los militares que se han desplegado en la zona con un nutrido número de efectivos. “Ponemos puestos de control, pero los hacemos en las comunidades, no los hacemos en la carretera federal porque en la carretera federal está operando el gobierno”, dice mientras pasan constantemente frente a su sede vehículos militares y patrullas de la comunitaria.
Esta convivencia, no obstante, no es tan cordial en las zonas donde opera la CRAC. Vitrago reconoce que con la policía estatal, la judicial y el ejército tienen “pequeñas diferencias”. “A veces sí sentimos el hostigamiento. Aunque ya nos conocen porque andamos uniformados y saben que si andamos por acá es porque estamos vigilando el pueblo, nos revisan constantemente. Como que les estamos estorbando”, reclama.
