La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) define este miércoles si formula cargos o libera a los 22 jóvenes detenidos tras la marcha de conmemoración del “Halconazo” de 1971, quienes son investigados por ataques a las vías de comunicación, ultrajes a la autoridad, lesiones y robo.
Hasta las 21:00 horas del martes, casi un día después de la remisión, los defensores de los jóvenes todavía no tenían acceso a la averiguación previa abierta por la Fiscalía Central de Investigación, por lo que desconocían qué acciones se le imputan a cada uno de los detenidos.
Mario Méndez, miembro de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, la cual asumió la defensa, informó a Animal Político que apenas a esa hora la Fiscalía comenzaría a tomar declaración a cada detenido.
El Ministerio Público tiene como plazo hasta las 22:00 horas de este miércoles para definir la situación jurídica de los 19 hombres y 3 mujeres, quienes fueron remitidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
[contextly_sidebar id=”31f5c06609e71e4c9f810fc43a92fa42″]De acuerdo al Procurador Rodolfo Ríos Garza, en la indagatoria analizan las declaraciones de policías y los videos de las cámaras de vigilancia del Centro Histórico para corroborar la participación de cada una de las personas. Indicó que al menos 4 jóvenes estaban plenamente identificados.
Además de ataques a las vías de comunicación, ultrajes a la autoridad y lesiones, delitos que en este caso no serían graves, el Ministerio Público determina cuáles de los jóvenes habrían presuntamente sustraído pertenencias a los dos empleados de la Secretaría de Gobierno que fueron retenidos en la plancha del Zócalo durante algunos minutos y quienes denunciaron el robo.
Mientras las autoridades informaron que las detenciones se debieron a agresiones hacia los granaderos y trabajadores del GDF durante el mitin, familiares y activistas acusaron que los jóvenes fueron interceptados en dos momentos distintos mediante un uso excesivo de la fuerza y después de ser hostigados por los elementos de la SSPDF.
“Todo marchó normalmente, hasta que llegamos al Zócalo empezaron las provocaciones por parte de los grupos de granaderos, que empezaron a azotar sus escudos. Hubo infiltrados, algunos petardazos”, aseguró Wendy de la Rosa, madre de Alejandro Osorio Cruz, quien también participó en la marcha.
Para exigir la liberación de los detenidos, alrededor de 300 miembros de distintos colectivos y agrupaciones marcharon ayer de la Fiscalía, en la sede central de la PGJDF, al Zócalo, en donde acordaron realizar este miércoles una concentración a las 12:00 horas en el exterior de las oficinas de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), ubicadas en avenida Chapultepec 151.
Entre los detenidos, la LTS identifica como sus miembros a Osorio Cruz, estudiante de la Preparatoria 2 de la UNAM; Jesús Pegueros Briceño, de la Facultad de Economía; Nancy Cornejo Cázares y Edgar Gonzalo Arredondo González, ambos de Filosofía y Letras, y a Sergio Abraham Méndez Moissen, quien es profesor de Ciencias Políticas y Sociales, doctorando en Estudios Latinoamericanos, y activista de #YoSoy132 y el Movimiento por la Paz.
Varios de esos jóvenes, según sus familiares, fueron alcanzados por granaderos en avenida 20 de Noviembre esquina Regina y separados del grupo de alrededor de 15 personas con el que se dirigían a la estación Pino Suárez del Metro.
También detenido en ese punto, Juan Esteban Barrera Martínez tuvo que ser trasladado la noche del lunes al Hospital de Xoco por lesiones presuntamente sufridas durante la acción policial, según su madre, Adriana Martínez Paredes. La mujer denunció que, en una patrulla en lugar de una ambulancia, primero fue llevado a los hospitales de Balbuena y La Villa, pero en ambos declinaron atenderlo porque carecían de un neurólogo.
Los activistas también acordaron realizar este miércoles un mitin a las 17:00 horas frente a la Fiscalía, en cuyo exterior permanecieron durante todo el día familiares y amigos bajo la vigilancia de unos 40 granaderos.
