Los robos y desvíos por 4 mil 286 millones de pesos detectados en los estados de Morelos, Tabasco y Chiapas hubieran alcanzado para el presupuesto que utilizó el Seguro Médico Siglo XXI en las Caravanas de la Salud y en programas de atención y prevención de VIH, o para atender la obesidad y a personas con discapacidad.
Estas irregularidades no fueron detectadas a tiempo debido a que las Auditorías Superiores Locales en México realizan su trabajo en la mayoría de los casos en la opacidad.
[contextly_sidebar id=”feb766f37f6022d28ff93a771724bf37″]Existen 32 órganos fiscalizadores (auditorías locales) y de éstos, sólo seis publican los resultados de su trabajo, es decir, si algún funcionario público o gobernador incurrió en alguna irregularidad durante el ejercicio de los recursos públicos.
En el estudio Resultados de la evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia de las Auditorías Superiores Locales en México, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y la Universidad de Guadalajara, se reveló que, a pesar de que la ley obliga a los estados a publicar el Informe de Resultados en 25 entidades federativas, sólo seis lo hacen: Distrito Federal, Baja California, Sonora, Coahuila, Veracruz y Estado de México.
Y en contraste, hay siete entidades federativas que el informe final de resultados no es información pública de oficio: Campeche, Morelos Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Si las auditorías de cada estado hicieran su trabajo como debieran, no tendríamos hoy desvío de recursos por más de 4 mil millones de pesos, advirtieron Jana Palacios y Aimée Figueroa, investigadoras del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y de la Universidad de Guadalajara, respectivamente.
Las entidades que menos cumplen
Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Yucatán son las cuatro entidades que se menos cumplieron en cuanto a las áreas revisadas por el Estudio.
En la revisión, las investigadoras encontraron que dichas entidades no cuentan con suficiente información en sus páginas de internet o que tampoco abren los resultados finales de las auditorías que se les practican a las cuentas públicas y tampoco informan cómo se gastan los recursos que ellos mismos como auditorías locales reciben.
“Nos cuesta mucho dinero que gobiernos estatales hagan mal uso de los recursos públicos”, reconoció Jana Palacios.
No obstante, no todo es “responsabilidad” de los auditores locales, acotaron las investigadoras.
Factores externos como la falta de autonomía de gestión, la movilidad a la que son sujetos los titulares de estos órganos fiscalizadores así como la falta de independencia, son algunos hechos que pesan a la hora de hacer su trabajo.
Las leyes de fiscalización locales tienen fuertes deficiencias en puntos clave del proceso porque sólo ocho entidades tienen leyes que no lesionan la autonomía de sus órganos fiscalizadores. Estas entidades son Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Hay entidades que además someten a la voluntad política las decisiones sobre sanciones a funcionarios. Esto significa que a pesar de que el auditor local encuentre irregularidades en el manejo de los recursos públicos, el Congreso local es quien decide si se sanciona o no. Así ocurre en Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco y Veracruz.
Pero si además encuentran irregularidades, las consecuencias de estos actos de corrupción pueden ser nulas, pues en 16 entidades la ley no obliga al Congreso a dar seguimiento a las observaciones y procedimientos iniciados por la auditoría local. Así funcionan en Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.
Las auditorías no son transparentes
La conclusión a la que llegaron las investigadoras es que las auditorías en su mayoría no son transparentes, aunque afirmaron que hay algunas buenas prácticas que fueron registradas en su análisis, como el caso de Colima, entidad que prácticamente en todos los procesos mantiene información y promueve la publicidad de la misma.
En el estudio se midieron las leyes, es decir, se compararon entre ellas, se les preguntó a los funcionarios qué ven ellos, qué les hacía falta para desarrollar bien su trabajo y se evaluaron sus portales y sitios de Internet.
En nueve meses que duró el estudio, se encontró un “panorama desolador” pues a pesar de que son leyes de segunda generación para el país, estas normas siguen estando incompletas o sin respetarse cabalmente, explicó Aimeé Figueroa.
“Nos sorprende que la calidad promedio de estos órganos fiscalizadores es de 78.4. La entrega de las cuentas públicas, el informe de los estados, debieran estar publicados en páginas de internet y no lo están. Y en el caso de los municipios, el asunto es más difícil pues el 80% no presentan cuenta pública”, dijo la investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
Y como consecuencia, añadió Figueroa, no se puede hacer un cálculo de los hoyos fiscales porque está fragmentada la información.
“Hay espacios amplios para la corrupción”, concluyó Jana Palacios.
