La cantidad de recursos públicos que no llegó a los beneficiarios de cinco programas gubernamentales para el campo y la agricultura es similar al presupuesto anual de la Cámara de Diputados: 5 mil millones de pesos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advirtió, en un informe presentado a los legisladores que el subejercicio se dio a pesar de las reasignaciones que se hicieron en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2013.
“Los subejercicios se presentaron en los programas sujetos a reglas de operación. Los programas con los mayores subejercicios fueron precisamente los que tienen como finalidad el desarrollo económico: Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, y Procampo Productivo”, explicó el Centro en su informe.
La Secretaría de Hacienda reconoció el subejercicio pero su funcionario, Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la misma dependencia, respondió que éste fue menor que el detectado en 2012.
Organizaciones no gubernamentales como Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. han denunciado que programas de subsidio como Procampo no han funcionado correctamente pues no se beneficia al que más lo necesita, sino a políticos y a empresarios.
México importa más del 50% de sus alimentos
Después de que se dieran a conocer los subejercicios detectados por las instancias especializadas de la Cámara de Diputados en varios de los programas del campo, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente (PEC), el diputado Mario Rafael Méndez Martínez (PRD), dio a conocer que el país importa más del 50% de sus alimentos por falta de una oportuna producción de los mismos.
Esto tiene que ver, dijo, con la relación que hay entre la falta del subsidio y la producción agrícola.
“México importa más del 50% de alimentos cuando hay lugares donde no han llegado los apoyos requeridos por los productores, a fin de que empiecen a producir para el autoconsumo”, explicó.
El mismo gobierno federal reconoció en un documento elaborado en 2010 pero como una proyección para el 2030 que varios programas sociales, como Procampo, cuentan con buenas intenciones pero con una mala operación pues son esfuerzos no coordinados por las dependencias del gobierno.
“Para lograr un desarrollo rural integral en México se requiere de esfuerzos integrales y coordinados de instituciones y políticas que inciden en los territorios rurales. Sin embargo, hasta ahora las dependencias que forman parte del Programa Especial Concurrente (PEC) han actuado con independencia entre sí y la normatividad de los programas no señala explícitamente la articulación que debe realizarse entre ellos, ni los mecanismos para su coordinación. Esto genera un uso ineficiente de los recursos públicos dado que se duplican instancias operativas y funciones de los programas con mismo objetivo, problemática y población común”, detalla el informe.
Lo que ya gastó la Secretaría de Agricultura
En el Portal de Obligaciones de Transparencia, la Secretaría de Agricultura sí ha erogado diversos gastos relacionados con el programa Procampo, sólo que han sido gastos burocráticos. Por ejemplo, para impresiones ha gastado ya 1 millón 700 mil pesos así como diversos pagos a contratistas que se dedican a ser los enlaces de la dependencia con los beneficiarios de los programas sociales.
Durante esta administración se han otorgado contratos en promedio de 200 a 400 mil pesos a este tipo de enlaces. Los contratos son otorgados a personas físicas y cuyo contrato es denominado “servicio de apoyo a la operación del Programa Procampo Productivo en su componente Procampo Productivo” y comprenden las delegaciones de todo el país.
Uno de estos caso es el de Alfredo Alcocer Velázquez, quien recibió 400 mil pesos por dicho concepto para coordinar la entrega de los apoyos en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, entre otros estados.
Incluso por servicio de actualización de los expedientes de Procampo la dependencia pagó ya 75 mil pesos.
Los datos