La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma constitucional para regular el endeudamiento de estados y municipios, con 16 votos a favor, cero en contra y una abstención.
[contextly_sidebar id=”47f3bd0f9583728a8201396def9265d0″]El dictamen expone que en los últimos 12 años la deuda de estados y municipios aumentó en más de 130 por ciento, sin que se conozca con el suficiente detalle el destino de los recursos, las tasas a las que fueron contraídos los créditos y las razones que justificaron su contratación.
Esta reforma modifica diversas disposiciones de la Constitución, para establecer principios, controles y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento para las entidades federativas y evitar el uso incorrecto de los recursos obtenidos vía deuda pública.
Con este dictamen, el Congreso de la Unión tendrá la facultad, en materia de deuda pública, para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda otorgar garantías respecto al crédito de la Nación.
También tendrá la facultad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites de éstos y las modalidades en que se podrán cubrir los créditos.
Las entidades y municipios tendrán la posibilidad de contraer empréstitos ( fuente de financiación ajena dividida en partes alícuotas llamadas obligaciones) cuyos recursos se destinen a su refinanciamiento o reestructura, y no sólo a inversiones públicas productivas, como establece actualmente la Constitución.
De igual forma, podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión.
No obstante, el texto del dictamen señala que las entidades federativas y municipios en ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente y tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus préstamos y obligaciones de pago en un registro público único.
En dicho registro se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.
Además se señala que las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor de la reforma, en un plazo máximo de 60 días naturales.
Con información de la Cámara de Diputados
