Para aclarar algún delito un consejo frecuente entre los investigadores policíacos del mundo es: sigue el dinero. Y eso es lo que pretende emprender desde ahora el gobierno mexicano.
Este miércoles entra en vigor una nueva ley para combatir el lavado de dinero, que busca atacar las ganancias no sólo de carteles de delincuencia organizada, sino de actividades ilícitas de funcionarios públicos y algunas empresas.
Es una tarea difícil, coinciden especialistas, no sólo por las dificultades de la nueva ley sino por el tamaño del negocio.
De acuerdo con la consultora en seguridad Stratfor cada año en México se lavan o blanquean entre US$19.000 y US$39.000 millones de organizaciones de la delincuencia organizada. La mayor parte del dinero proviene de Estados Unidos.
La Secretaría de Hacienda, en cambio, dice que las estimaciones sobre este delito son de unos US$10.000 millones anuales.
Más allá de las cifras en México, como en otros países, hay varios mecanismos para lavar dinero y no todos están relacionados con narcotráfico, esclavitud, secuestro o extorsiones, advierten especialistas.
Políticos
La Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) ha detectado lavado de dinero en la venta de tarjetas de prepago para llamadas telefónicas, cambio de divisas como el dólar, apuestas en casinos, renta de taxis aéreos, restaurantes y también en la compra de automóviles, mansiones, obras de arte y joyas.
Muchos de estos casos se vinculan a operaciones de carteles de narcotráfico y a otros grupos de delincuencia organizada, pero no son los únicos.
La PGR investiga a varios exalcaldes y gobernadores a quienes acusa de usar en su provecho recursos fiscales. Legalmente esto también se considera lavado de dinero, explica a BBC Mundo la especialista Angélica Ortíz, coordinadora del libro Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, Comentada.
“Hay investigaciones serias de personas que desvían recursos públicos y los utilizan, a sabiendas de que saben que vienen de situaciones indebidas”, cuenta.
Los casos más recientes en México son la maestra Elba Esther Gordillo, exlíder del sindicato de maestros, y Andrés Granier, exgobernador de Tabasco. Los dos están detenidos y en proceso judicial.
Límite de gasto
En este panorama algunos dudan sobre la eficacia de la nueva ley para combatir el lavado de dinero.
La legislación, llamada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, prohíbe las operaciones en efectivo que sean mayores a US$40.000.
Esta ley regula especialmente los sectores económicos que sean “vulnerables” al lavado de dinero, es decir, el comercio de joyas, automóviles, obras de arte y automóviles.
Esta legislación es parte de los compromisos de México ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización formada por varios países y que se dedica a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Ley obliga a personas y negocios a reportar ante las autoridades cualquier operación financiera considerada como “inusual”, es decir, que rebase el límite legal de US$40.000, sin importar que se realice con dinero en efectivo.
El problema es que esta clase de transacciones son comunes en México. “Por ejemplo todo el sector agropecuario trabaja con dinero en efectivo”, explica Angélica Ortíz. “Y esto no significa que sea dinero ilícito”.
Así, lo más previsible es que en poco tiempo aumenten los avisos de operaciones “inusuales”. Una información que difícilmente puede traducirse en investigaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el primer trimestre del año se recibieron informes de 1,5 millones de transacciones de dinero, y de éstas más de 16.000 reportes de operaciones “inusuales”.
Pero de este universo sólo hubo seis informes de operaciones “preocupantes”, es decir, con indicios de que pudiera tratarse de lavado de dinero.
