Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que existe un “riesgo de represalias” hacia dos activistas indígenas yaquis de la comunidad de Vicam, contra quienes se han abierto juicios relacionados con su oposición a puesta en marcha de un acueducto en Sonora.
En un comunicado, la ONG indicó que está “gravemente preocupada por la seguridad y la libertad de los líderes indígenas Mario Luna Romero y Tomás Rojo”, que encabezan una protesta desde hace varia semanas en la carretera México-Nogales contra la entrada en funcionamiento de un acueducto sobre el cual no fueron consultados.
[contextly_sidebar id=”9d2100c8e7240f96095690d7a63b24da”]AI señaló que se han abierto “procesos judiciales en contra de los dos activistas” y teme que los mismos “estén ocurriendo como represalia a su legítima labor en defensa de los derechos humanos de su comunidad”.
Los dirigentes son acusados de “ataques a las vías de comunicación en el orden federal y de secuestro en el orden estatal”, apuntó.
La oficina mexicana de Amnistía destacó que durante años se ha abusado de manera recurrente del “sistema de justicia en México para silenciar a quienes se dedican a defender derechos humanos”. Por ello, solicitó “que se den a conocer los fundamentos y avances de las investigaciones en contra de los líderes yaquis y que, de concluirse que éstas no tienen sustento, se desista inmediatamente de procesarles”.
Los bloqueos están motivados en el hecho de que los permisos administrativos para la construcción de este acueducto fueron otorgados sin la debida información, consulta y participación de la tribu Yaqui, que detenta el 50 % de los derechos de uso de aguas del caudal del río Yaqui.
“Quienes se manifiestan argumentan que, de completarse esta obra que extraería agua del río Yaqui, pondría en riesgo la subsistencia y forma de vida de la comunidad”, recordó AI.
El pasado año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Sonora y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la que reconoció que hubo una violación de los derechos humanos de la tribu yaqui en la licitación y construcción del acueducto Independencia.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 8 de mayo emitió un fallo donde reconoce que la autorización para construir ese acueducto fue emitida sin respetar el derecho a consulta de la etnia yaqui. Este grupo lo forman unas 45 mil personas distribuidas en ocho pueblos y 56 localidades del noroeste de México.
