Con cuatro meses de embarazo, Brenda Rangel se sumó desde el pasado jueves –día en que inició– al plantón instalado fuera de la Secretaría de Gobernación, en demanda de acciones concretas para la localización de víctimas de desaparición forzada. Desde hace más de tres años, ella está en busca de su hermano Héctor, desaparecido en 2009 por policías municipales de Monclova, Coahuila, y asiste a esta manifestación con dos demandas específicas: “Estoy pidiendo un encuentro con Zeta 40 (el recientemente capturado líder Los Zetas, el grupo criminal al que las víctimas presuntamente fueron entregadas), para que nos diga cuál es el paradero de mi hermano y de sus dos acompañantes, Irene Lugo Hernández y Victor Hugo Aguilar Torres; y también exijo justicia para toda mi familia, ya que la única persona detenida por estas tres desapariciones, quien aceptó su participación y también quien nos amenazó de muerte, fue liberada el pasado miércoles mediante el pago de una fianza, ya que la juez decidió procesarlo por extorsión, y no por secuestro.”
Acompañada de su esposo y su pequeño hijo, Brenda llegó a Gobernación durante la noche del jueves, “cuando me enteré de que Julia Alonso (madre de Julio Alberto López Alonso, desaparecido en Nuevo León, en 2008) estaba aquí, protestando” y fueron ambas, tomadas literalmente de la mano, las que al día siguiente decidieron cerrar la vialidad en la avenida Bucareli, luego de que la dependencia oficial intentara bloquearles el paso a sus oficinas, mediante la instalación de cercas metálicas.
[contextly_sidebar id=”cd99dbee941083ecf55a115eaf2ff488″]Brenda es una mujer risueña, que con voz suave describe las investigaciones que, por cuenta propia, ha debido realizar la familia para localizar a Héctor, que al ser raptado tenía 28 años y fue ella, de hecho, una de las mujeres que, el 10 de mayo pasado, encabezó la marcha de mamás y familiares de desaparecidos provenientes de todo el país, que surcó Reforma, hasta el Ángel de la Independencia, para conmemorar el Día de las Madres.
Este martes, Brenda y Julia suman cinco días en plantón: su exigencia principal, ser recibidas directamente por el titular de la dependencia federal, Miguel Ángel Osorio Chong.
“De extremo a extremo”
Héctor Rangel es originario de Querétaro, comerciante de ropa por vocación familiar, y en noviembre de 2009 acudió a Monclova, para realizar el cobro de una deuda económica, ya que “como comerciantes a veces damos crédito a nuestros compradores, y mi hiermano había viajado a Coahuila, para liquidar el adeudo que sostenía con nosotros una persona de nombre Nélida Cerritos, quien le entregó en prenda un vehículo Civic”, narra Brenda.
Consciente de la inseguridad que impera en el estado, Héctor mantuvo comunicación constante con su familia durante el viaje, y fue el 10 de noviembre que entabló su última llamada, para avisar que acababa de ser detenido por la patrulla 93 de la Policía Municipal, luego de lo cual, nada más se supo de él ni de las dos personas con las que realizó el viaje.
“Únicamente se comunicó con nosotros un sujeto que nos pidió un rescate para devolvernos a Héctor –recuerda Brenda–, nos empezó a pedir dinero. Aunque mi hermano fue raptado en Coahuila, esta persona nos contactó directamente en Querétaro, para que le entregáramos dinero en efectivo, y luego nos pidieron que depositáramos, a través de las tiendas Coppel. Este sujeto nos amenazó para que no denunciáramos, me dijo que a mí me iba a cortar el vientre de extremo a extremo, y que me iba a quemar los ojos con un soplete.”
Tras solicitar ayuda de la Procuraduría General de la República, este sujeto fue finalmente identificado como Óscar Omar Lavín Lechuga, y detenido en diciembre de 2011.
“Esta persona admitió haber cobrado el rescate por el secuestro de mi hermano, admitió haberme amenazado, aceptó el tipo de amenazas que emitió contra mí, y con estas evidencias fue presentado ante la juez federal Elena Morales, del Juzgado Noveno de lo Penal, con sede en Querétaro, “quien, no sé si por miedo o por complicidad, decidió reclasificar el delito y, en vez de juzgarlo por secuestro, lo hizo por extorsión y le fijó una fianza de 10 mil pesos, misma que ya pagó y así, el pasado 31 de julio, fue puesto de nuevo en las calles”.
Incluso, reclama Brenda, indignada, un mes antes de su liberación, agentes de la PGR visitaron a Óscar Omar Lavín Lechuga en prisión, para pedirle que proporcionara información sobre el paradero de las tres personas desaparecidas el 10 de noviembre de 2009, y que presuntamente fueron entregadas al grupo al que él pertenecía, Los Zetas, “pero esta persona les dijo que si no había abierto la boca cuando estuvo en PGR, aún con la madriza que le pusieron, menos iba a hablar ahorita, porque ya sabía que iba a salir, y así fue”.
Brenda llora, mientras explica las causas de su frustración.
“Óscar Omar Lavín Lechuga era el único detenido, pero no el único implicado que habíamos logrado identificar: los policías que lo detuvieron, por ejemplo, nunca fueron investigados, porque según la Procuracuría de Coahuila, el que mi hermano hubiera hablado para alertarnos de que lo estaban deteniendo sin razón alguna no es prueba suficiente de que en ese momento fuera desaparecido, esos agentes ya no están en la Policía Municipal, fueron dados de baja por no aprobar los exámenes de confianza, y ahora la autoridad dice que no puede investigar qué hicieron con mi hermano y sus compañeros, porque ya no sabe dónde están, no puede localizarnos… y ni siquiera hay una orden de localización.”
En la misma medida, las personas a las que había ido a cobrar los adeudos por ropa surtida, explica Brenda, se esfumaron. “La Procuraduría de Coahuila dice que no están localizables ni ella ni su esposo, aunque sus teléfonos celulares siguieron activos días, semanas, meses y años después de que, supuestamente, comenzaron a buscarlos.” Cabe destacar que el auto con el que estas personas pagaron su adeudo también se esfumó.
“Las autoridades han respondido con total apatía, actúan con total tranquilidad, y es muy lamentable para nosotros, como familia, darnos cuenta de que hemos entregado todas las direcciones donde estas personas pueden ser localizadas, y no se les ha buscado, no se nos ha hecho justicia y, por el contrario, nos han puesto en mayor riesgo y no sólo a nosotros, sino a toda la sociedad, devolviendo a las calles a un delincuente confeso.”
