Durante la caravana por la reforma migratoria que realizó en mayo pasado por Estados Unidos, el padre Alejandro Solalinde fue contactado por “personal de un cártel mexicano”, que lo presionó para abandonara la defensa de migrantes y le demandó “no reaccionar ante ciertas tácticas que ellos planeaban emprender contra los centroamericanos” a lo largo de toda la ruta hacia el norte, reveló hoy el sacerdote.
Luego de participar en la apertura de trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos, relativos a la criminalización de migrantes en México –que dieron inicio hoy en la Ciudad de México–, el padre Solalinde informó que, por seguridad, le es imposible revelar la identidad del grupo criminal que buscó negociar su retiro de la escena pública; sin embargo, señaló que “lo que sí puedo decir es la respuesta que les di a ellos: y ésta fue que cuantas veces atropellen los derechos de los migrantes, yo voy a responder, aún a costa de mi vida, porque la defensa de los migrantes no está a negociación.”
El religioso, fundador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, señaló que su vocación “por la defensa de los migrantes es lo que da sentido a mi vida, así que mi lugar al lado de ellos no puede ser puesta en duda”.
Solalinde aclaró, sin embargo, que él nunca a sido intermediario en ningún proceso para el pago de rescates de migrantes secuestrados en México.
[contextly_sidebar id=”02374719f279ccc6692bfa5f478fe0e4″]Como se recordará, en mayo pasado Solalinde avanzó en caravana hasta Chicago, en compañía de familiares de 30 migrantes mexicanos y centroamericanos, para encontrarse con distintas organizaciones católicas, de derechos humanos, así como de comunidades latinoamericanas, para en conjunto demandar al gobierno estadunidense concretar la reforma migratoria que permita a millones de indocumentados normalizar su estatus en ese país.
No obstante, destacó, este proceso en Estados Unidos debe venir aparejado de una reforma en México, misma que está pendiente desde 2011, ya que luego de que se aprobara una nueva ley migratoria, ésta quedó sin operación debido a que “el poder Ejecutivo se encargó de hacerla inoperante, de una manera peculiar: la hizo incosteable, es una ley teóricamente buena, pero que no se puede financiar y, por lo tanto, termina siendo algo así como una contraley, una traición del Ejecutivo al espíritu de los legisladores que, hace dos años, intentaron modernizar la política migratoria mexicana.”
