Con la aprobación en el Senado y la Cámara de Diputados de la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se establecieron parámetros para tener un sistema educativo mucho más participativo en donde los padres de familia tendrán un papel clave en el desarrollo de sus hijos en las aulas, pero sigue pendiente aprobar los objetivos de las evaluaciones y determinar cuál será el vínculo entre los profesores y el Estado para obtener o mantenerse en una plaza.
Pese a que la discusión de la aprobación de las leyes secundarias se centró en gran medida en el tema de la evaluación de docentes académicos y especialistas consideran que lo votado ayer 22 de agosto en la Cámara de Diputados y en la madrugada en el Senado toma en cuenta ese elemento, pero sus ventajas y pendientes van mucho más allá.
En cuanto a la Ley General de Educación, aprobada con 374 votos a favor, 84 en contra y una abstención, Alberto Serdán, coordinador de Activación Ciudadana de la organización Mexicanos Primero, destaca los candados para garantizar la gratuidad de la educación y las opciones para que los padres de familia participen en las escuelas.
“Primero se establece con mucha claridad que en ningún caso se puede condicionar a cuotas escolares la entrega de exámenes, una inscripción, documentos de fin de ciclo o entrar a la escuela; pero además, hay diferentes mecanismos de participación para padres de familia pues en esta ley se establecía con toda claridad que tenían prohibido participar en cualquier problema vinculado con la educación de sus hijos en el aula, lo cual era una aberración”, explica en entrevista con Animal Político.
Entre las herramientas que plantea la Ley General de Educación para apoyar a los padres de familia están:
-Se crea una instancia para la atención de quejas de padres de familia respecto del desempeño de docentes y supervisores, pero también sobre las condiciones de la escuela o el cobro prohibido de cuotas.
-Los padres tendrán derecho a conocer la capacidad profesional de los maestros teniendo acceso a sus evaluaciones y podrán accesar el presupuesto asignado a su escuela así como a la aplicación del gasto y a los resultados de su ejecución.
“Autoridades administrativas ya no se van a poder hacer guaje con el presupuesto de su escuela, pero además sí éste no alcanza será un arma de exigencia para los padres de familia y para la propia comunidad escolar para exigirle al gobierno un mínimo de presupuesto para la operación de su escuela”, explicó Serdán.
La Ley General de Educación también plantea que el director de la escuela rinda un informe ante la comunidad escolar para dar a conocer qué hizo cada año y se establece “un marco de educación de calidad”, es decir, parámetros mínimos sobre qué es una buena escuela, qué es un buen maestro, qué es una buena comunidad escolar o cómo debería ser la participación de los padres de familia.
En esta ley aprobada por los diputados y los senadores surge el Sistema de Información y Gestión Educativa, con el que por primera vez en la historia del país se tendrá una especie de censo para saber cuántas escuelas y maestros hay en México y a cuántos alumnos se les da atención en cada una de ellas.
Pese a todo lo anterior, Miguel Székely, director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, considera que la ley “quedó trunca”, pues sus principales aportaciones dependen de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Servicio Profesional Docente, la ley secundaria que los diputados sacaron del orden del día el miércoles pasado y quedó pendiente de votación.
Evaluadores externos y “amenazas”
Székely, exsubsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, cree que esta legislación simplemente aterriza lo aprobado en la reforma constitucional.
“Se aprueba una ley que contiene lo que tenía que contener para hacer operativo un INEE autónomo”, tal cual propuso el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma.
El INEE emitirá los lineamientos de evaluación para los maestros que deseen obtener una plaza, permanecer o recibir una promoción; pero también para calificar las políticas, la infraestructura educativa y a los funcionarios del sistema.
Esta ley permite que el INEE adquiera la facultad para anular los procesos de convocatoria para asignar las plazas o sus resultados, pues los procesos estarán a cargo de las secretarías de educación locales.
“La ley dice que el INEE dará parámetros e instrumentos y que las secretarías de educación serán las encargados de hacer la evaluación. En dónde hay un hueco es en sí los estados tienen la capacidad o la voluntad política para hacer esta evaluación o sí van a estar sujetos a caprichos y arbitrariedades de otras autoridades o gobernadores”, cuestionó Manuel Gil Antón, profesor Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, sobre esta nueva facultad.
Otro de los grandes pendientes de la Ley del INEE que fue aprobada este jueves 22 de agosto por los diputados y en la madrugada del viernes en el Senado, según Gil Antón, es establecer el origen de los evaluadores de los profesores del sistema educativo nacional.
“La ley dice que serán evaluadores certificados por el INEE, eso hace pensar que habrá personas externas para decidir si un profesor hace bien o no un trabajo. No se conforman comisiones dictaminadoras integradas por profesores que conocen y saben de qué se trata el oficio del profesor como para poder evaluar el servicio mismo, entonces hay una inquietud no resuelta sobre quién los va a evaluar, quiénes serán y cómo. Hay que aclarar la figura de evaluadores certificados”, dijo Gil Antón.
En ese sentido, Víctor Hugo Aboites, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco; ve además de la evaluación externa, otros dos pendientes en la legislación secundaria:
“Establece una evaluación única para un país plural. No hay ninguna previsión de que se respetará la idea de que debemos tener procesos de evaluación a partir de regiones, culturas o diferencias de otro tipo. Después, vincula la evaluación con el castigo: el unir la evaluación a un castigo, a una manera de sancionar, echa a perder cualquier esfuerzo de que se pueda usar la evaluación como un mecanismo de mejoramiento, deja de tener valor como instrumento de mejora porque los maestros lo ven desde el principio como una amenaza”.
Ley del Servicio Profesional Docente
La ley secundaria que quedó pendiente de la reforma educativa presentada por Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, durante su primer mes como presidente de México, establece los mecanismos para evaluar a los profesores y con ello hacer cambios sustanciales al sistema educativo.
Los académicos e investigadores insisten en que no se trata exclusivamente de la evaluación, si no en cómo será la relación de los docentes con el Estado mexicano.
Esta ley no se votó en la sesión del periodo extraordinario debido a que los legisladores decidieron sacarla de la orden del día tras las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que bloquearon las entradas al recinto legislativo, lo que llevó a los diputados a sesionar en un escenario alterno.
En la discusión pendiente se establece que el magisterio tendrán un régimen especial como trabajadores del Estado y aunque su acceso o permanencia en el sistema educativo dependerá de las evaluaciones, su condición podría cambiar a la del resto de los trabajadores estatales que están sujetos al artículo 123 constitucional, apartado B.
“La ley establece en sus considerandos que los profesores van a tener un régimen especial, diferente a los trabajadores del estado. En ese sentido, la ley modifica al magisterio en caso de que se apruebe la ley, dejándolos fuera del régimen de trabajadores del estado, además de que su permanencia está sujeta a la evaluación”, dijo Gil Antón del Colmex.
La Ley del Servicio Profesional Docente establece que los profesores que deseen una plaza deberán aprobar una evaluación tras ser sometidos a un proceso de inducción en el que tendrán un tutor. Habrá dos oportunidades para realizar la prueba antes de ser rechazados para ingresar al sistema educativo.
En el caso de los docentes que ya tengan una plaza, serán evaluados cada cuatro años. Si no pasan la evaluación en tres ocasiones, se les dará la opción de jubilarse o de tener un trabajo administrativo en el servicio público, pero ya no en el aula.
“Es comprensible que los profesores quieran tener seguridad de esa evaluación de la que depende su trabajo y para muchos incluso su prestigio, se haga bien, con personas que conozcan el asunto”, dice Manuel Gil Antón sobre la importancia de las evaluaciones y de saber quién se encargaría de realizarlas.
Para Alberto Serdán, la Ley del Servicio Profesional Docente es un pendiente en el Congreso que también creará servicios para las escuelas, pues tendrán la opción de pedir “apoyos externos” para tener acompañamiento con talleres, pláticas pedagógicas o cursos especializados en los que consideren tener áreas de oportunidad.
Sobre lo que significa la evaluación en esta ley, el coordinador de Activación Ciudadana de Mexicanos Primeros dice que “le devolvería a la autoridad educativa el poder de decidir sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos y los bonos de los maestros que durante décadas ha estado en manos del sindicato. De ahí la reacción tan virulenta de las cúpulas sindicales”.
Los líderes de la CNTE, grupo disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijeron que mantendrán plantones y protestas hasta que sus exigencias sean escuchadas por los legisladores y sus necesidades tomadas en cuenta para la redacción final de estas leyes secundarias.
La reforma educativa fue la primera emanada del Pacto por México, firmado por el gobierno federal y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) el 2 de diciembre pasado, un día después de que Peña Nieto tomó posesión como presidente del país.
La evaluación a profesores y crear un servicio profesional de carrera fue una de las 13 acciones que Peña Nieto anunció como las primeras y más importantes en la primera etapa de su gestión.
