[contextly_sidebar id=”baa24269b813ada4bb69dd4b3fac982c”]La iniciativa de reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto envió ayer lunes 12 de agosto al Senado de la República, propone que el Estado mantenga la rectoría tanto de la industria petrolera como del sistema eléctrico nacional pero pretende que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad trabajen en conjunto con empresas privadas que podrán “complementar” la labor del gobierno federal.
El documento que propone reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución indica que en materia de petróleo y gas se deben tener “contratos eficientes para la exploración y extracción” que serán celebrados entre el Ejecutivo, pero no sólo con la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también con “terceros” que podrán participar en “la cadena de valor de los hidrocarburos”.
Según Peña Nieto, la reforma no considera contratos de producción compartida, sino contratos de utilidad compartida con los que el país se mantendrá como el “único dueño de las reservas petroleras”, pero pagando a particulares en función de los recursos que obtengan por complementar el trabajo de Pemex.
Para concretar esta propuesta se busca reformar el artículo 27, que actualmente establece que “no se otorgarán concesiones ni contratos” con particulares para actividades de explotación de hidrocarburos.
En el evento celebrado ayer lunes 12 de agosto en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente dijo que la iniciativa no busca la privatización de Pemex, sino su modernización.
Con él coincidió César Camacho, dirigente nacional de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI); y los líderes de las bancadas priistas en el Senado y en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones. Ambos legisladores ocuparon asientos en la primera fila central de la zona de invitados a la ceremonia de presentación de la reforma energética, a la que también asistió Gerardo Gutiérrez Candiani, representante del Consejo Coordinador Empresarial.
Al costado izquierdo de Camacho, también en primera fila, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, escuchó los pormenores de la iniciativa sin hacer mayores comentarios; mientras que a tres lugares estuvo el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar; el único legislador en el evento de un partido diferente al PRI.
La participación de la iniciativa privada, según la propuesta del mandatario federal, permitirá que terceros realicen las “altas inversiones requeridas” para incrementar la actividad de exploración y extracción de gas y petróleo; además de aportar recursos tecnológicos, experiencia y compartir riesgos.
La propuesta de reforma energética también establece que los contratos con la iniciativa privada para exploración y extracción se amplíen para el resto de las actividades de Pemex, como son refinación, petroquímica y transporte.
Para lograrlo, se reformaría el artículo 28 constitucional que establece la petroquímica como un área estratégica cuya explotación es exclusiva del Estado.
Iniciativa privada y generación de energía
En materia de electricidad, la iniciativa busca que las empresas con capacidad para generar electricidad puedan venderla y no sólo utilizarla para autoconsumo, como ocurre actualmente con un tercio de la energía eléctrica del país.
Según el documento enviado al Senado, este cambio no implicará que el “Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable para la productividad nacional”.
El objetivo es que la iniciativa privada sea parte de la inversión en producción de energía para disminuir las tarifas eléctricas actuales, pero también para apoyar con la generación de electricidad a través de fuentes renovables.
La base de la propuesta es fortalecer al Estado para regular al sector tras imponer a los participantes, en donde se incluye a la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a particulares, obligaciones de interconexión, tarifas, servicio universal y electrificación.
Después de la reforma
Los alcances de la propuesta están pensados en función de la reforma constitucional, pero también en legislaciones secundarias.
En el caso de la reforma en materia de electricidad, el proyecto propone la creación de un “árbitro independiente” que decida que electricidad pueda venderse, lo que actualmente realiza la CFE que, según el gobierno federal, actúa como juez y parte, pues la genera y la vende.
En cuanto a petróleo y gas, en una ley reglamentaria se establecerán las condiciones de pagos a los particulares que participen en los contratos de utilidad compartida.
Asimismo, Peña Nieto explicó que con la reforma constitucional en materia energética aprobada, se realizará una reorganización interna en Petróleos Mexicanos que le permita ser más eficaz: los cuatro órganos subsidiarios actuales —Pemex Exploración y Producción, Pemex refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica— se integrarán en dos divisiones.
Exploración y Producción se enfocará en la extracción de hidrocarburos “desde la incorporación de reservas hasta la entrega para su transformación o uso final”; y Transformación Industrial, se encargará del procesamiento de petróleo y del gas en combustibles, petrolíferos y petroquímicos.
Con una reforma hacendaria que se presentará en septiembre próximo, el gobierno federal planteará un nuevo régimen fiscal para Pemex, para evitar que la paraestatal se una “generadora de ingresos públicos a corto plazo” y más bien provea de contribuciones fiscales “más moderadas”.
Finalmente, aunque sin dar detalles de cómo hacerlo, el presidente planteó que en la paraestatal se tengan “mejores prácticas de transparencia respecto a las obras, adquisiciones y los contratos de utilidad compartida con particulares que eventualmente realice Pemex”.
Y así quedarían…
Artículo 27
(…)
No se otorgarán concesiones ni contratos respecto de minerales radioactivos. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
Articulo 28
(…)
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución.
