En 4 años fueron condenados 87 mujeres y 21 hombres por aborto

108 mexicanos fueron procesados penalmente por el delito de aborto entre 2009 y 2012 y recibieron sentencias condenatorias, según estadísticas del INEGI.

En 4 años fueron condenados 87 mujeres y 21 hombres por aborto
En el último día de febrero de 2012, en punto de las 6:00 horas, Gumaro y Eusebia, pareja por más de una década, salieron de su hogar, en San Luis Potosí, a bordo su camioneta, y partieron juntos rumbo a sus respectivos trabajos, “era un día cualquiera”, recuerda Gumaro. La normalidad, sin embargo, se agotó cuadras adelante, cuando dos vehículos les cerraron violentamente el paso. Varios hombres armados descendieron de ellos y, por la fuerza, obligaron a la pareja a salir de su auto, cuyo interior fue inmediatamente revisado, mientras ellos eran tumbados al suelo y esposados. “Sólo entonces nos mostraron un papel, una orden de aprehensión librada en nuestra contra, por un aborto supuestamente cometido hace 13 años, en 1999”.

Gumaro es uno de los 22 hombres que, según el INEGI, fueron aprehendidos y juzgados en prisión por el delito de aborto, entre 2009 y 2012. Y Eusebia, su pareja, con la que ha procreado dos hijos, y con la que cría también a un niño nacido en un matrimonio previo, es una de las 101 mujeres sometidas al mismo tratamiento penal, por presuntamente interrumpir sus embarazos, en el mismo periodo.

“Ni siquiera llegamos al Ministerio Público –dice Gumaro–, apenas íbamos entrando cuando nos cruzamos con otro vehículo, al que nos subieron, siempre esposados, como si fuéramos delincuentes peligrosos, y entonces nos llevaron directo al penal de San Luis Potosí”.

Gumaro y Eusebia pasaron siete meses en prisión y, al final de su juicio, fueron absueltos por falta de pruebas. Pero otros 108 mexicanos, que como ellos fueron procesados penalmente por el delito de aborto entre 2009 y 2012, no corrieron con la misma suerte y recibieron sentencias condenatorias: son 87 mujeres y 21 hombres que, actualmente, purgan distintas penas en prisión, en 26 entidades de la República Mexicana.

Y esto es así, explica Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, dedicado desde el año 2000 a la promoción del aborto legal, porque “la ola de reformas a constituciones estatales, que vivimos entre 2008 y 2009, realizadas con el objeto de estipular que la vida empieza desde el momento de la concepción, provocó un incremento de la criminalización de muchas mujeres, pero también de hombres, contra quienes todas las autoridades usan como pretexto la ley para imponerles sus muy personales criterios morales, y buena parte de ellas ni siquiera se practicaron un aborto, sino que lo sufrieron de forma espontánea, por las muchas razones que esto puede ocurrir.”


Siluetas de la criminalización

En 1999, Gumaro y Eusebia ya tenían a sus dos niños, y en su núcleo familiar había un lugar también para los niños que él había procreado previamente, uno de los cuales vive actualmente con la pareja. “En ese entonces pasó que nosotros no sabíamos que estábamos embarazados –recuerda Gumaro–, y fuimos a comernos unos mariscos, y luego vi yo que Eusebia se puso mala, y entonces yo me dije ‘gracias a dios que tenemos Seguro’, y me la llevé a Urgencias, a la clínica 47 del Seguro Social. Ahí fue que nos dijeron que había tenido un aborto, que tenía 28 días de gestación, fue una trabajadora social la que nos informó, y luego nos dijo ‘y voy a llamar al MP, porque esto no se puede quedar así'”.

Media hora después, Gumaro y Eusebia fueron arrestados por agentes judiciales que se presentaron en la clínica y pasaron tres días detenidos en el Ministerio Público, luego de lo cual lograron su libertad. “Nosotros contratamos a un abogado que, cobró un dineral, y que logró que nos liberaran, y de hecho nos dijo que ya todo estaba resuelto y que no íbamos a tener más problemas, y así creíamos, pero en marzo de 2012, o sea, 13 años después, resulta que volvió a salir de nuevo esto del aborto.”

Según las estadísticas del INEGI en materia penal, que abarcan de enero de 2009 a diciembre de 2012 –ya que sus bases de datos no registran los procesos por aborto en años previos–, por este delito han sido acusadas formalmente 151 personas (120 mujeres y 31 hombres), y, de ellos, 123 recibieron auto de formal prisión y enfrentaron juicio tras las rejas (101 mujeres y 22 hombres) y, de éstos, 108 fueron hallados culpables, y sólo en 15 casos, entre los que se hallan Gumaro y Eusebia, se determinó la inocencia de los acusados y fueron puestos en libertad.

De esas sentencias condenatorias, 83 se concentran en diez entidades federativas: Baja California, Jalisco, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, así como en el Distrito Federal (donde el aborto carece de pena, si se realiza antes de las 12 semanas de gestación).

“Nosotras hemos detectado tres tipos de personas contra las que vienen actuando las autoridades, en el caso del aborto –señala la directora del Centro Las Libres, con sede en Guanajuato–: se criminaliza a mujeres que sí deseaban interrumpir su embarazo, básicamente con la ingesta de fármacos, y que al presentar complicaciones acudieron a clínicas públicas, donde fueron denunciadas, se trata de mujeres sin recursos que, de haber podido acudir a un servicio médico privado, nunca habrían sido señaladas.”

Luego está, abunda, el grupo de mujeres que no deseaban interrumpir su embarazo, sino que, “ante el temor de ser señaladas por sus familias, ante el temor de ser juzgadas, regañadas, corridas de sus casas, ocultaron su embarazo, no recibieron atención médica adecuada, y finalmente sufrieron un aborto espontáneo. Pero se trata de casos en los que, además, inciden la pobreza, la mala alimentación, la falta de servicios de salud, la exclusión, y las cuales, nuevamente, son denunciadas al acudir a clínicas públicas”.

Y en un tercer grupo, señala Verónica Cruz, están las mujeres “que tampoco tenían la idea de abortar, que simplemente tuvieron un aborto espontáneo, muchas de las cuales ni siquiera sabían que estaban embarazadas, y que, como en los casos anteriores, terminan en servicios públicas donde las denuncian ante el Ministerio Público.”

De manera colateral, algunos de los maridos o parejas sentimentales de estas mujeres también han sido criminalizados.

Estas personas, añadió la defensora de derechos humanos, “han recibido penalidades de 25, 30, 35 años, y algunas de ellas llevan más de una década en prisión, y aunque no podamos decir qué tipo de perfil es el más común, porque sus orígenes y características son distintos, lo mismo de zonas rurales e indígenas, que de zonas urbanas e industriales, lo que sí podemos hacer, a partir de nuestra experiencia, es decir a quienes no se está criminalizando: no hay procesos contra mujeres ricas, no hay procesos contra hombres que obligaran a abortar a una mujer, no hay procesos contra médicos que practican abortos clandestinos.”

La corriente

“A nosotros nos denunció la trabajadora social de la clínica del IMSS –narra Gumaro–, pero 13 años después, cuando nos fincaron cargos, a nosotros nunca nos tomaron una declaración en el Ministerio Público, en todo ese tiempo la Procuraduría no recabó ninguna prueba, ni si quiera nos preguntaron qué había pasado en el 99, sólo el dicho de esa mujer, a la cual nunca habíamos visto antes, fue suficiente para que nos mandaran a prisión, y la primera vez que nos llamó la juez que llevaría nuestro caso, lo que nos dijo fue ‘yo me voy a encargar de que ustedes paguen por lo que hicieron y de menos van a pasarse aquí ocho años’, y eso nos lo advirtió cuando el juicio ni siquiera había arrancado.”

Paradójicamente, la falta de pruebas en su contra hizo más lento el proceso. “Como nuestro abogado pidió pruebas, la Procuraduría lo que hizo fue citar a un montón de doctores que, sin haber realizado ningún tipo de examen en 1999 certificaron que el aborto de Eusebia había sido intencional, y como todos ellos ya no trabajan en el estado, nos amenazaron con que ibamos a estar en la cárcel hasta que los encontraran a todos, ¿imaginas lo que es eso: que te digan que como no hay pruebas en tu contra, te vas a quedar indefinidamente en prisión?”

Y ésta es una práctica “recurrente”, explica Verónica Cruz, “en todos los casos que hemos atendido, tanto en Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero o Aguascalientes, el común denominador es que no existen pruebas reales, científicas, en contra de los y las acusadas. La autoridad no investiga, en ningún caso de los que hemos llevado han podido demostrar, por ejemplo, la relación causal entre un aborto y la ingesta de algún fármaco, y esto es porque el objetivo real de esta criminalización nunca ha sido la intención proteger la vida de las mujeres, ni del producto de la gestación, sino imponer a la gente un criterio moral basado en la maternidad obligada y castigar a quienes no lo acatan”.

Durante los siete meses que pasaron recluidos, narra Gumaro, apenas se le permitió ver a Eusebia en tres ocasiones, y la única manera de comunicarse fue por medio de llamadas telefónicas. “Para solicitar el permiso de hacer la llamada –recuerda–, tanto ella como yo debíamos pagar 70 pesos, y ya que el permiso nos era concedido, nuevamente debíamos hacer un pago, esta vez de 80 pesos, cada uno, para poder hablar durante cinco minutos… y así fue como nos pasamos esa temporada, que fue como un infierno, aunque yo siento que Eusebia tuvo más fuerza que yo, a ella la admiro muchísimo, porque fue por ella que pude mantenerme en pie, ya que la preocupación por nuestros niñitos es algo que no puedo describir, la cárcel te impide realizar la ilusión de estar con tus hijos, vives con el pendiente de si fueron a la escuela, si están haciendo sus tareas, qué tal que te necesitan y tú ahí, encerrado.”

Y este proceso, aún cuando se terminó ratificando la inocencia de ambos, dejó en la ruina a las familias de ambos, se lamenta, “porque la corrupción que impera en el sistema de justicia de San Luis Potosí es enorme, de la noche a la mañana te quiebran todo, como si fuera un listón, ellos llegan y te lo cortan y tú te vas hasta el fondo.”

–Luego de tu liberación, ¿tuviste problemas para reconstruir tu vida?

–Claro –responde Gumaro–, yo siempre he sido muy trabajador, he sido vocalista de un grupo de música norteña y duranguense que hasta se escuchaba en la radio, Los Dueños, y luego tuve la oportunidad de ocupar empleos bien remunerados, y ahora me ha costado mucho trabajo recuperarme, no lo he logrado todavía… cuando me encerraron yo perdí todo, perdí la música, perdí un buen empleo, y ahora voy remando a contracorriente, pero yo sé que voy a vencer a la corriente y que voy a llegar a buen puerto, pronto, junto con los míos…

–¿Cuál es tu opinión en torno al aborto?

–Yo no creo tener derecho para decidir sobre el cuerpo de nadie –concluye Gumaro.

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