[contextly_sidebar id=”b8b1448ebe02cfcd2cd89073afe9afa6″]Cuatro jóvenes de entre 17 y 33 años de edad fueron reportados como víctimas de desaparición forzada por la organización humanitaria Amnistía Internacional, tras ser arrestados por elementos de la Marina en presencia de distintos testigos –tres de ellos en Tamaulipas, a finales de julio, y uno más en Nuevo León, a principios de agosto–, sin que estas capturas hayan sido reconocidas por el organismo armado y sin que, hasta la fecha, se conozca el paradero de los jóvenes.
Según el reporte difundido por AI, dos de las víctimas, José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, ésta última de 17 años, fueron aprehendidas el 29 de julio en un retén de la Marina, instalado a las 2:30 horas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“Un familiar de las víctimas, que pudo observar las detenciones, siguió el vehículo naval que los transportaba y lo vio entrar en la Ciudad Deportiva, que funciona como campamento de los marinos en Nuevo Laredo. Los familiares de ambas víctimas solicitaron información sobre su paradero el mismo día, pero las autoridades navales han negado las detenciones y la provisión de cualquier otra información”, señaló AI.
Varios testigos más acudieron, junto con las familias de José y Diana Laura ante la Procuraduría General de la República, donde refrendaron que ambos fueron detenidos por elementos de la Marina, sin embargo, esta denuncia ante las autoridades federales “no ha resultado en una investigación significativa”.
La tercer persona reportada como desaparecida es Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, quien, según “testigos oculares, incluida una persona que lo conoce”, fue detenido el 30 de julio por marinos, y puesto abordo de un vehículo de dicha institución, cuando pasó por un retén instalado en la zona sur de Nuevo Laredo. Como en los casos anteriores, las autoridades navales negaron haber realizado esta captura, pero Raúl David permanece sin ser localizado.
La cuarta desaparición forzada reportada por Amnistía Internacional es la de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto en el municipio de Colombia, en Nuevo León, quien “fue sacado de su automóvil por miembros de la Marina” y subido a un vehículo naval en presencia de varias personas, incluidos dos policías municipales.
Minutos después del arresto de Armando, afirma la agrupación internacional, “su padre acudió a la base de los marinos a las afueras de Colombia, y fue informado por un oficial que lo tenían detenido, y que más tarde le darían información”, sin embargo, pasado este tiempo, al acudir nuevamente a estas instalaciones, ese mismo oficial le aseguró “que no lo tenían detenido y que los marinos no lo habían arrestado”.
Entre los testimonios presentados por familiares a la PGR, al denunciar la desaparición de Armando Humberto, se encuentra un oficio firmado por los agentes municipales que refrendaron que este joven, de 33 años, fue aprehendido por elementos de la Marina, pese a lo cual “no hay evidencia de una investigación efectiva de los hechos”.
Por estas desapariciones forzadas, el pasado 19 de agosto el secretario general de Amnistía Internacional, a nivel global, Salil Shetty, dirigió una misiva al presidente Enrique Peña Nieto, demandando “medidas urgentes para proteger la vida y la integridad” de las víctimas.
Amnistía Internacional, además, le advierte que “no es suficiente esperar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una recomendación en el futuro (por estas cuatro desapariciones forzadas), y que las autoridades la acepten en teoría y la ignoren en la práctica. Eso no es terminar con la impunidad”.
La denuncia por estas cuatro desapariciones fue subrayada ayer por la organización mundial humanitaria, en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que congregaron en la Ciudad de México a familiares víctimas provenientes de todo el país, y en las que participaron las organizaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, así como familias de los 12 jóvenes secuestrados el 26 de mayo en el bar Heaven, de la Zona Rosa.
Juntas, estas familias marcharon primero del Centro Histórico a la calle de López, en la Alameda, donde se encuentra la Unidad Especial de Búsqueda de Desaparecidos, de la PGR, y de ahí al Hemiciclo a Juárez, donde vertieron sus testimonios, ante peatones mayoritariamente indiferentes.
