La semana pasada, Rafael Caro Quintero, apodado “el narco de narcos” en la década de los ochenta, fue liberado y absuelto de los delitos de narcotráfico y del asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, por haber sido juzgado en el fuero federal y no en el común, como correspondía.
De acuerdo con una encuesta de Parametría, más de la mitad de la población (56%) afirma que el llamado “narco de narcos” pactó con el gobierno su liberación. Sólo el 16% de los entrevistados concuerda con las resoluciones de los tribunales de Jalisco; y 28% admite desconocer los términos en los que se le otorgó la absolución al sinaloense.
[contextly_sidebar id=”7af753506b1d49f75d4f6e250a6947f7″]El Primer Tribunal Colegiado amparó a Caro Quintero y ordenó al Segundo Tribunal Unitario cancelar las causas penales y absolverlo de diversos delitos. El tribunal consideró que el sinaloense ya había purgado dos terceras partes de su sentencia de 40 años y que, además, fue juzgado incorrectamente.
Por otro lado, si bien la mayoría de los entrevistados (61%) tiene una mala o muy mala opinión de Caro Quintero, un 15% dice tener una opinión buena o muy buena del mismo.
El 48% de los encuestados por Parametría opina que Rafael Caro Quintero tendría que seguir en la cárcel cumpliendo la condena inicial de 40 años de prisión que se le impuso por el asesinato del agente de la DEA y demás delitos. Sólo 23% de los entrevistados considera que los 28 años que Caro Quintero estuvo en la cárcel fueron suficientes para declarar cumplida su condena.
Según Parametría, el 53% de los entrevistados piensa que la cárcel no rehabilitó o no reivindicó a Caro Quintero. Al contrario, la población encuestada cree que los años en que estuvo preso lo cambiaron para mal. Sólo una pequeña proporción afirma que la cárcel tuvo efectos positivos en el capo recién liberado y una porcentaje considerable (32%) no sabe cómo evaluar los efectos que la vida en la cárcel pudieron tener en Caro Quintero.
