Para conmemorar el tercer aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas –ocurrida entre el 22 y el 23 de agosto de 2010–, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) iniciará este lunes la evaluación de casos relativos a “militarización de las fronteras, criminalización y desaparición forzada de migrantes en tránsito por México”, con el objetivo de integrar los expedientes de abusos contra este sector que serán presentados, el próximo año, en la Audiencia Final de este tribunal ético, integrado por jueces e intelectuales de todo el mundo.
En la “preaudiencia” que inicia hoy lunes 19, explicó el doctor en Derecho Camilo Pérez Bustillo, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del TPP-Capítulo México, presentarán su testimonio familiares de las víctimas de San Fernando (donde, un año después de la masacre de 2010, fueron descubiertas fosas con más de un centenar de cadáveres), así como defensores de migrantes de que operan en Oaxaca, Coahuila, Tabasco, Veracruz y Tlaxcala.
[contextly_sidebar id=”ae96cbeacb23493aca89b84515c567fa”]”Éste es un tribunal de conciencia –explicó Pérez Bustillo–, de orden simbólico y no vinculante, en el que se siguen todos los protocolos de un juicio, aplicando los criterios del derecho internacional, así como los convenios de derechos humanos suscritos por México, y cuyo principal objetivo no es sólo denunciar ante el mundo los abusos cometidos aquí contra las personas migrantes, sino también denunciar que estos abusos son reflejo de algo que denominamos ‘violencia de Estado’, es decir, que existe un patrón sistemático de violencia e impunidad, fomentado por la omisión o complicidad de las autoridades nacionales, volviendo al Estado corresponsable de sus consecuencias.”
De 2010 a la fecha, abundó el académico, integrante del posgrado de derechos humanos de la UACM y miembro de la barra de abogados de Massachusetts, en México “no ha habido ninguna disminución en los índices de terror, de muerte, de violación, de secuestro, de extorsión, de robo, de mutilaciónes sufridas por los migrantes que van rumbo a Estados Unidos, y éste es un patrón muy bien documentado, que se sigue profundizando, y hoy esto se hace patente a través de las amenazas sufridas por defensores de migrantes como el padre Alejandro Solalinde (de Ixtepec, Oaxaca), el padre Pedro Pantoja (de Saltillo, Coahuila) o fray Tomás González (de Tenosique, Tabasco), quien prácticamente ha pasado a la clandestinidad debido al acoso que sufre por parte del crimen organizado, y esto a pesar de que supuestamente cuenta con medidas de protección por parte del gobierno”.
Los casos de abusos contra migrantes, que presentarán, entre otros, Solalinde, Pantoja y González, así como representantes de Las Patronas –las mujeres que brindan alimento a los centroamericanos indocumentados que cruzan por Veracruz–, serán evaluados por un jurado de expertos conformado por el doctor Jorge Bustamante (ex rector del Colegio de la Frontera Norte, y ex relator de la ONU para derechos humanos de los migrantes), Azadeh Shahshahani (del National Lawyers’ Guild, de Estados Unidos-Irán), Immanuel Ness (del CUNY Center for Workers Education, del Brooklyn College); Iver Orstavik (de la Fundación Rafto pro Derechos Humanos, de Noruega); así como por académicos del Instituto Mora, el ITESO, FLACSO, y activistas como Pedro González Gómez, de la Asamblea de Migrantes Indígenas del DF, y José Rosario Marroquín, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Además, como reclamo simbólico de libertad para los activistas presos Alberto Patisthán (de Chiapas) y Mumia Abu-Jamal (de Filadelfia), ambos fueron convocados a la sesión que arranca este lunes, como parte del jurado.
– ¿El cambio de autoridades federales ha provocado alguna mejora en la situación que sufren los migrantes en México? –se pregunta al académico.
– No –responde, categórico–. Aunque el nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, ha hablado de que más de 300 funcionarios fueron removidos de este organismo, por corrupción, la verdad es que al haber puesto a este ex funcionario calderonista del CISEN al frente de la política migratoria, queda visto que los derechos humanos aún no son la prioridad para las actuales autoridades, dando continuidad a la postura oficial de las pasadas autoridades.
Este lunes, la preaudiencia del TTP sobre migrantes iniciará a las 9:00 horas en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en avenida Universidad 1449, junto a la estación Viveros del Metro. La entrada es libre.
