Las denuncias por secuestro y extorsión aumentaron durante los primeros ocho meses de gobierno de Enrique Peña Nieto. Las causas varían, según quien explique: para la Secretaría de Gobernación es fruto de su campaña de denuncias. Para Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, es muestra de que los delitos de alto impacto no bajan, a pesar de inversiones millonarias en seguridad.
Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) son claras: de diciembre de 2012 a junio de este año –última cifra disponible-, en todo el país se reportaron mil 032 denuncias por secuestro. En el periodo anterior, con Felipe Calderón en la presidencia, se registraron 809 casos. Un aumento de 27.5%.
La extorsión sigue la misma tónica. Con Peña Nieto se denunciaron 5 mil 242 denuncias, mientras que durante el año pasado las autoridades tuvieron conocimiento de 4 mil 448 casos. El incremento fue de 17.8%
Las estadísticas forman parte de los reportes “Incidencia Delictiva del Fuero Común”, los cuáles se integran con base en los datos que entregan las Procuradurías estatales al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Eduardo Sánchez, vocero de seguridad de Gobernación, tiene su propia explicación sobre el aumento: es resultado de la campaña del Gobierno federal para que la ciudadanía denuncie.
“Hemos dado cuenta de la gran cantidad de bandas de secuestradores que han sido desmanteladas y de la gran cantidad de personas que han sido liberadas… Nosotros consideramos que esta circunstancia (la campaña) ha logrado su objetivo, que es incrementar la denuncia”, consideró.
Sin embargo, el también Subsecretario matiza: “Lo cierto es que se han incrementado de manera substancial las denuncias de secuestro de secuestro y de extorsión en relación con otros periodos de otras administraciones”.
Para Francisco Rivas, del Observatorio, las afirmaciones del funcionario carecen de bases científicas.
“No hay ningún indicador que nos permita saber si este aumento de las denuncias de verdad se debe a que la gente denuncia más. No han mostrado evidencia científica que así lo muestre”, argumentó.
Sus dudas tienen fundamento: las encuestas sobre el nivel de confianza en las instituciones de seguridad no han reportado aumento. La gente aún desconfía como para presentarse en un Ministerio Público a denunciar.
La incertidumbre en el incremento es mayor: tampoco se sabe si en realidad son todos los casos o son más. Explica: algunas Procuradurías reportan averiguaciones previas, y cada una puede tener, por ejemplo, una o dos personas secuestradas.
“El secuestro y la extorsión son dos de los cinco delitos de alto impacto que más preocupan a la población, pero son los que han tenido un incremento preocupante en estos meses”, agregó Rivas.
El caso de la extorsión es particular, pues la gente no lo denuncia y hay estados donde ese delito es una forma de vida, lo cotidiano.
Para Leonel Fernández, investigador de México Evalúa, ambos delitos presentaban una tendencia al alza desde antes de que Peña Nieto llegara a la Presidencia.
“El secuestro y la extorsión son dos delitos que han quedado un poco bajo la sombra de los homicidios, pero tienen repercusiones más grandes. Y la tendencia de crecimiento no es de estos meses, sino que ya viene de tiempo atrás, hablamos que viene desde 2010”, explicó.
Otra de las causas en el aumento de la extorsión, agrega, es que el Estado de México comenzó a reportar extorsiones a partir de 2012. Pero, igual que Rivas, Fernández rechaza el argumento de Gobernación: “Las denuncias traen un alza desde antes, no a partir de que la campaña del Gobierno federal”.
¿Por qué no bajan los secuestros?
Los secuestros no ceden. Miles de millones de pesos, reformas, campañas de denuncias y reuniones del Consejo Nacional de Seguridad pasan, pero los casos denunciados no logran reducirse.
El Primer Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto lo muestra: si en el año 2000 se denunciaron 591 casos, para 2009 la cifra repuntó hasta mil 162 casos. Si acaso, el año pasado hubo una ligera reducción: mil 317 casos, 27 menos que en 2011.
Hasta el 31 de julio de este año van 911 casos denunciados. Si la tendencia sigue igual, para finales de agosto se habrá rebasado la línea de los mil.
“Las políticas antisecuestro han fallado”, dice Francisco Rivas, “y habría que evaluar para qué han servido miles de millones de pesos que se destinan cada año a seguridad porque no sabemos cómo lo han usado Estados y Municipios”.
El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano tiene sus razones: las Fiscalías Antisecuestros carecen de recursos, sus agentes de capacitación, los equipos son escasos.
Pero hay más, a su juicio: el panorama social y económico causa que sea más fácil dedicarse a la delincuencia.
