Los grupos de autodefensa que han surgido en diferentes estados del país son financiados por el crimen organizado, aseguraron ayer activistas en materia de seguridad pública como María Elena Morera, Isabel Miranda Wallace y Héctor Larios.
Al presentar un informe sobre los delitos de alto impacto durante el primer semestre de gobierno de Enrique Peña Nieto, los representantes de la sociedad civil advirtieron del riesgo que el Estado negocie con estos grupos de autodefensa que, a su juicio, operan fuera de la legalidad.
Héctor Larios, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que no se deben confundir las autodefensas con las policías comunitarias que están constituidas legalmente.
“(Las autodefensas) no están realmente defendiendo a la comunidad. Son cuerpos que lamentablemente salen de lo que es el orden. Hay que decirlo con toda franqueza: están fuera de la ley”, acusó Larios.
[contextly_sidebar id=”635c05666f6df2abf09b2a05a7ffded3″]Para Morera, de la organización Causa en Común, detrás de estos grupos opera el crimen. “Los grupos de autodefensas en su gran mayoría son grupos de criminales disfrazados de policías comunitarias”, dijo la activista, “y muchas veces los de abajo ni siquiera saben que sus jefes son criminales”.
Sin embargo, reconoce que su existencia representa una paradoja: si bien el Estado no debería negociar con estos grupos, en el fondo han surgido por la ausencia del Estado en ciertas partes del país.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, no dudo en calificarlas de “guerrillas” patrocinadas por el crimen organizado.
“Estos grupos demuestran la debilidad del Estado, pero más preocupante es que el Estado se siente a dialogar con ellos para ver que armas les permite utilizar”, consideró Miranda de Wallace, ex candidata al Gobierno del DF.
Permitir su existencia, agregó, representaría cederles el monopolio de la seguridad pública que pertenece a los gobiernos en sus diferentes niveles.
Con Peña Nieto, peor nivel en secuestro
El primer semestre de 2013, ya con Enrique Peña Nieto como Presidente, registró las peores cifras en materia de secuestro desde 1997, advirtió Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
El informe “Estudio del mes de junio 2013, sobre las denuncias de los delitos de alto impacto”, muestra que durante dicho semestre se presentaron 878 denuncias por secuestros.
Durante los mismos periodos, pero con Vicente Fox y Felipe Calderón en la Presidencia, se registraron 275 y 287 denuncias por dicho delito respectivamente, señaló Rivas.
“Estamos ante el peor semestre en materia de secuestro desde 1997”, advirtió Rivas.
Por otra parte, Edna Jaime, de México Evalúa, alertó que a pesar de las grandes inversiones en materia de seguridad no existen sistemas y criterios homologados para que los Estados presenten la información ni rindan cuentas sobre los fondos que anualmente les son transferidos.
