[contextly_sidebar id=”9c940ce7cd4031aa994b666a1975d015″]A pesar de que la migración hacia Estados Unidos es un fenómeno en toda América Latina y en su camino los migrantes son víctimas de delitos por parte de autoridades y el crimen organizado, no existe un protocolo para que los jueces atiendan a aquellos que deciden denunciar o enfrentan procesos judiciales. Hasta ahora.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la organización Sin Fronteras editaron el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, una iniciativa que busca orientar a los jueces que reciban casos migratorios y actúen apegados a derechos humanos.
Mónica Oheler, autora del documento e integrante de la organización, señaló en entrevista que la idea del documento es reconocer que si bien el acceso a la justicia es un derecho reconocido para todas las personas, a los migrantes se les complica más por la situación en la están.
“Lo que busca el protocolo básicamente es reunir toda la normatividad, tanto nacional como internacional, que le pueda servir a un impartidor de justicia cuando tenga un caso en el que está involucrado un migrante”, explica la investigadora.
“No es un documento obligatorio ni vinculante, sino una herramienta que pude usar el juez para actuar apegado a derechos humanos”.
El documento plantea un escenario violento para los migrantes: “Las rutas migratorias han sido identificadas por grupos criminales que roban, secuestran y asesinan. También se han presentado casos de reclutamiento forzoso por parte de grupos criminales, así como explotación laboral y sexual, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”.
Son un grupo al que, agrega Oheler, “se le viola sus derechos de forma terrible y pocas veces denuncian”. La extorsión por parte de autoridades es algo común, mientras que se ha documentado que 6 de cada 10 mujeres migrantes son violadas en su camino hacia Estados Unidos.
Pero la violación a sus derechos no acaba ahí. Oheler explica: “Cuando los migrantes acuden a un Ministerio Público en México, en vez de que se les ayude, de inmediato se llama a Migración, y no se les ayuda a tener acceso a la justicia”.
El documento de la Corte señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado la participación de autoridades migratorias en la comisión del delito en el 8.9% de los casos de secuestros de personas migrantes.
“En el informe relativo a esta problemática generado por la CNDH, se documentaron 214 casos de secuestro masivo de migrantes de abril a septiembre de 2010, con 11 mil 333 víctimas”, establece el protocolo.
El protocolo plantea los distintos casos que puede recibir un juez: una persona en detención migratoria, una persona que solicita asilo en México, si es menor de edad o si es mujer.
“Se plantean todos los escenarios posibles que puede atender un juez y ahí están todas las herramientas que pueden ayudare a resolver. La idea es que los migrantes también tengan acceso a la justicia y se cumpla con los derechos de tener un traductor, representante legal o asistencia consular”, explica la investigadora.
El protocolo, que será presentado este lunes en la SCJN, es una iniciativa inédita en toda Latinoamérica.
“Si bien el protocolo en sí mismo no es vinculatorio para los jueces, las leyes y normas que enlista sí lo son. Hasta ahora es una iniciativa sólo de México y tenemos entendido que más países están interesados en replicarla”, agrega Oheler.
El protocolo al que tendrán acceso los jueces, puede verse íntegro en esta misma página.
Ve aquí el caso de una organización pro migrante que ilustra la dificultad de esa población para acceder a sus derechos fundamentales en su paso por México.
