Ayer se cumplieron las 48 horas con las que contaba el Ministerio Público para fincar cargos contra las 16 personas detenidas por la policía el domingo 1 de septiembre, durante las protestas por el primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. El colectivo independiente de abogados que les brinda asistencia legal a los detenidos informó que en todos los casos se abrió un juicio penal.
Los abogados precisaron que a los detenidos se les impusieron fianzas, las cuales permitieron que nueve de los arrestados obtuvieran la libertad para enfrentar su proceso fuera de prisión. Otros siete detenidos fueron remitidos al Reclusorio Sur en lo que reúnen el monto requerido para salir bajo caución.
La Liga de Abogados 1 de Diciembre –conformada a finales de 2012 para dar asistencia a los detenidos por los disturbios suscitados al arranque del gobierno Peña Nieto, y que luego apoyó a los detenidos del 10 de junio– informó que los detenidos que fueron remitidos al reclusorio son: Jesse Alejandro Montaño Sánchez, Omar Beristain Montiel, Gabriel Carrión Soto Ángel, Francisco Hernández Lezama, Pavel Alejandro Noriega, Gustavo Ruiz Lizárraga, Gonzalo Amoz Urrutia y Juan Daniel Velázquez.
Los abogados prevén que en las próximas horas o días se reúnan las fianzas establecidas, las cuales oscilan entre los 7 mil y los 24 mil pesos.
Jesús Robles Maloof, abogado integrante de esta agrupación de defensores, destacó en entrevista que contra los 16 jóvenes procesados penalmente (aún aquellos que enfrentarán juicio en libertad) no existen evidencias materiales de los delitos que se les imputan, que son ultrajes a la autoridad, resistencia al arresto y portación de objetos aptos para la agresión.
[contextly_sidebar id=”8129e93ec5ce5efec94a205e018a7b01″]”Sólo hay declaraciones verbales de policías que no se identificaron ante el Ministerio Público cuando hicieron la presentación de los detenidos. Es decir, que no sólo no hay evidencias físicas en su contra, ni tampoco hay denunciantes concretos, lo cual es totalmente absurdo: ¿acaso cualquier persona vestida de azul puede decir que es policía y presentar a un detenido, sin que el agente del Ministerio Público verifique? Una averiguación previa no puede integrarse a partir de denuncias anónimas, por ley debe estar siempre identificable el acusador, y en este caso eso no se hizo”, dijo Robles Maloof.
Además, señaló, otra irregularidad es que se violó el mandato constitucional de presentar a los detenidos en la agencia ministerial más cercana al punto del arresto, que debió ser ya sea en la delegación Cuauhtémoc o en Venustiano Carranza; sin embargo, los detenidos fueron enviados a agencias de Xochimilco, Tláhuac y Magdalena Contreras, “siguiendo la autoridad una estrategia de dispersión que impidiera realizar una defensa coordinada de todos los detenidos, y con lo que se intenta también que las familias de los detenidos puedan organizarse.”
Asimismo, destacó el abogado, en al menos tres casos se remitió al reclusorio a detenidos que ya habían exhibido el pago de sus fianzas, y pese a ello no se les aceptó el trámite, el cual deberán concluir desde prisión.
“En el caso de las fianzas –abundó Robles Maloof–, también quedó evidenciado que se actuó por consigna, ya que éstas fueron establecidas por el Ministerio Público cuando aún no había recibido la declaración de los detenidos, es decir, no se tomó la molestia de escuchar su versión de los hechos, violando así el principio de presunción de inocencia.”
Y como colofón, destacó, la autoridad bloqueó a los acusados el acceso a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del gobierno capitalino, con las cuales buscan probar que no cometieron los delitos que se les imputa, “y esta tardanza en entregar dichos videos no tiene justificación, ya que en casos anteriores la Procuraduría capitalina ha obtenido estas imágenes en cuestión de horas, y hasta las ha filtrado ilegalmente a la prensa, como ocurrió en el caso de los 12 desaparecidos del bar Heaven, por lo que podemos concluir que ésta es una herramienta de seguridad que el gobierno local utiliza sólo cuando le conviene, pero cuando se trata de verificar la inocencia de un acusado, estas imágenes no son facilitadas”.
Este miércoles, las familias de los detenidos se reunirán por primera vez en su totalidad, para analizar las estrategias de defensa que emprenderán en los días siguientes.
