A pesar de sufrir una enfermedad crónico-degenerativa que ataca su sistema óseo, las autoridades penitenciarias de Chiapas han negado atención médica a la dirigente campesina Adela Gómez Martínez, presa junto con su esposo desde el pasado 15 de agosto, acusados ambos de los delitos de motín y extorsión, luego de encabezar a principios del mes pasado diversos bloqueos carreteros en demanda de liberación de fondos para proyectos productivos, así como para la reclamar la excarcelación de campesinos recluidos en distintos penales del estado, tal como denunció este jueves la agrupación Amnistía Internacional.
La activista, dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular, que aglutina a indígenas y campesinos de distintas zonas de Chiapas, convalece además de una quemadura de segundo grado, sufrida antes de su detención y, hasta la fecha, “no ha recibido atención médica suficiente para ninguna de sus dos afecciones”, destacó la organización global de defensa de derechos humanos.
[contextly_sidebar id=”d23e52a73d7d72dd8a52d46e120bb85d”]La omisión en la atención médica especializada requerida por la activista, se subrayó, se suma a las anomalías en las que viene incurriendo la autoridad estatal desde su detención, entre las que destacan que la captura no fue realizada por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, tal como correspondía, sino por agentes federales y policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, quienes, de forma violenta, sometieron a la pareja sin contar con una orden de aprehensión (obligatoria para aquellos casos en que la detención no realiza ante un delito flagrante), justo cuando se dirigían a oficinas oficiales donde tenían pactada una reunión con el secretario de Gobierno estatal, Eduardo Ramírez Aguilar.
Al día siguiente, 16 de agosto, la Procuraduría estatal reportó que Adela, y su esposo Noé Hernández, fueron capturados por los delitos de motín y extorsión, con base en supuestas denuncias ciudadanas recibidas tras los bloqueos del 8 de agosto realizados por su diversas organizaciones agrarias (entre las que se encontraba la ONPP), en las carreteras Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, Tapachula, Frontera Comalapa y Comitán.
Cabe destacar que, luego de la detención de Adela y su esposo, el secretario de Gobierno chiapaneco, quién había actuado como señuelo para atraer a la pareja de activistas hasta el punto donde serían capturados, justificó la aprehensión al afirmar que “cualquier ciudadano puede manifestarse pacífica y libremente, lo que no es correcto ni legal es bloquear las vías de comunicación como medida de presión”.
Estas afirmaciones, destacó por su parte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, junto con la detención de dirigentes campesinos e indígenas de Chiapas, denotan una estrategia oficial de “criminalización y judicialización de la protesta social” en el estado, en donde “una vez más la justicia responde a intereses que trascienden el ámbito jurídico”.
La agrupación local de defensa de las garantías individuales subrayó que “en el caso de Adela y Noé, las violaciones a los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y de reunión se dieron junto a otras violaciones a derechos, tales como a la integridad y libertad personal, seguridad personal”, además de que durante la captura se cometieron abusos de autoridad, faltas al debido proceso, a las garantías judiciales y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Por esta razón, tanto Amnistía Internacional como el Centro Frayba convocaron a la ciudadanía, de México y el extranjero, a dirigir misivas a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, y al gobernador chiapaneco Manuel Velasco, para demandar a las autoridades que se garantice la atención médica requerida por Adela Gómez mientras permanezca en reclusión, así como a que se investigue de forma imparcial las irregularidades cometidas en la detención de esta activista y su esposo, particularmente las relacionadas con los “malos tratos y amenazas infligidos durante su reclusión”.
