La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó un dictamen que adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal en materia de indulto, a fin de permitir la liberación del profesor indígena Alberto Patishtán Gómez y de todas las personas sentenciadas en situaciones similares.
[contextly_sidebar id=”804990b67e12ab1d875b65738046dd35″]De acuerdo con la reforma, de manera excepcional, por sí o a petición de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal.
Lo anterior, consideró la Comisión, previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
Los senadores resaltaron, el caso del profesor indígena “es un paradigma negativo en el sistema de justicia penal” y diversas organizaciones no gubernamentales “han exhibido las faltas procesales, la nugatoria del derecho a la adecuada defensa y la violación del debido proceso”.
Desde la etapa de averiguación previa, la detención, la causa penal y los recursos legales de la misma, resaltaron, “se cometieron diversas irregularidades que concluyeron en la emisión de sentencias que han sido calificadas de injustas, cuando menos”.
“El caso ha llamado la atención internacional por sus inconsistencias, incongruencia y carencia de métodos certeros para probar que una sola persona, el profesor Alberto Patishtán Gómez, fue el autor intelectual y material del homicidio de siete policías estatales fuertemente armados y con entrenamiento táctico”, destacó la Comisión.
Por ello, debe ser atendido de la mejor manera posible, pues es un claro ejemplo de lo que a diario sucede en nuestro país en perjuicio de los derechos, libertad, integridad y dignidad de miles de personas que enfrentan procesos como este.
El caso Patishtán, enfatizaron, “no es el único”, toda vez que se ha constatado que por pobreza extrema, condiciones lingüísticas, educativas, o por estar en situación de vulnerabilidad, muchas personas son condenadas por el sistema judicial federal o local, sin contar con una adecuada defensa o violándose su derecho al debido proceso.
En la exposición de motivos del dictamen, los senadores recordaron que en el año 2000, el profesor indígena fue acusado de participar en una emboscada en la comunidad de Las Limas –ubicada en el tramo carretero entre los municipios de Simojovel y El Bosque– donde perdieron la vida siete agentes de la Policía de Seguridad Pública.
Por estos hechos, el 18 de marzo de 2002, Alberto Patishtán fue sentenciado a 60 años de prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y homicidio calificado, robo calificado y daños, así como de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
Con información del Senado
