Si bien el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres contempla emitir una alerta de género cuando hay “violencia sistemática” en un estado, ésta nunca se ha emitido. Entre otros requisitos, la dificultad para acreditar “agresiones reiteradas” en todos los municipios de una entidad lo ha vuelto inviable.
Ayer miércoles 23 de octubre, ante 88 países de la ONU, el estado mexicano aseguró en el Examen Periódico Universal que el reglamento para que la alerta pueda emitirse tendrá cambios que la facilitarían.
Ante la preocupación por los feminicidios y otras formas de violencia contra la mujer, estados miembros de la ONU recomendaron a México combatir la impunidad y garantizar condiciones de bienestar para este grupo. En su turno, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz, aseguró a las delegaciones que las reformas serán “en breve”.
Abordada al término de Examen Periódico Universal, la titular de Inmujeres aseguró que la dependencia espera que las reformas se anuncien antes del 25 de noviembre, fecha en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
[contextly_sidebar id=”973de1b932a52c804c532fff8276d0ad”]Sin embargo, rechazó que esta posibilidad sea definitiva, pues se necesita el consenso de los miembros del Sistema, en el que están presentes los institutos locales de la mujer, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, entre otras instancias.
“Ya pasó por varias revisiones. Salió de amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil, titulares de institutos locales, con legisladoras. Esto no está funcionando”, dijo Lorena Cruz a Animal Político al final del Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza.
“Primero hay una solicitud de investigación de alerta. Ni siquiera la alerta. Entonces, se detiene en ese paso cuando es la votación de todas las instituciones, los 14 representantes de la Administración Pública Federal”.
Cruz reconoció que quienes deciden que se emita la alerta son jueces y parte, por lo que las reformas propondrán que se salte la votación, que llegue inmediatamente una solicitud que cumpla con los requisitos y que las expertas emitan una recomendación.
Tan sólo en 2011, organizaciones de Nuevo León acreditaron que el feminicidio en la entidad aumentó 600% en ese año, pero el Sistema nunca decretó una alerta. Lo mismo ocurre actualmente en caso del Estado de México, donde a pesar de que diversas organizaciones lo señalan como el estado donde más agresiones y asesinatos se cometen contra las mujeres, el sistema ni siquiera ha analizado la documentación que permitiría una votación y la posterior emisión de la alerta.
