[contextly_sidebar id=”628f0e88473e197a119c4bd1a9635413″]Después de varias semanas en las que el silencio en torno a las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC sólo parecía romperlo la polémica, este miércoles las partes anunciaron un histórico acuerdo de cara a sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado más antiguo del hemisferio occidental.
“Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda (de negociaciones), denominado Participación Política”, informaron las FARC y el gobierno a través de un comunicado conjunto leído en La Habana, la sede de las conversaciones que iniciaron el 18 de noviembre pasado.
Y aunque aspectos fundamentales de este tema –en particular el de las posibles restricciones para los miembros de la guerrilla que hayan cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad– todavía no han sido resueltos, el anuncio seguramente le dará nuevos bríos al proceso, justo cuando está por cumplir su primer año de duración.
“En la agenda de La Habana en realidad hay dos puntos de carácter estructural. El primero es el tema agrario y el segundo que es el tema de la participación democrática en la política. Habiéndose llegado a acuerdos, así sea de carácter parcial, sobre esos dos grandes temas, se ha recorrido un camino muy importante”, le dijo a BBC Mundo el diputado Iván Cepeda.
Y por eso las autoridades esperan el anuncio del acuerdo en materia de participación política le devuelva a muchos colombianos la confianza en las negociaciones, dándole así un importante impulso al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la reelección.
“Acuerdo incompleto”
No todos, sin embargo, celebran este progreso.
“Colombia es la única democracia que acepta negociar su democracia con el terrorismo“, dijo por ejemplo a través de Twitter el expresidente Álvaro Uribe, la figura más visible de quienes se oponen al proceso de paz.
Y el analista Rafael Guarín –cercano a Uribe– hizo notar que el acuerdo de participación política “no estará completo hasta que no se defina, en el punto de justicia, quienes pueden o no participar en política”.
“Los colombianos no estarían dispuestos a aceptar un trato preferencial a miembros de las FARC que hayan perpetrado crímenes de guerra y graves violaciones a los Derechos Humanos, otorgándoles el derecho a gobernar el país”, advirtió Guarín, quien recientemente interpuso una acción judicial para obligar a la Corte Constitucional colombiana a pronunciarse sobre el tema.
Y ese asunto, clave para que la dirigencia de las FARC acepte a renunciar a la vía armada para proseguir su lucha exclusivamente por la vía electoral, seguramente será discutido cuando las partes empiecen a abordar el tema de la reparación de las víctimas del conflicto, en una fecha aún por definir.
Mientras, en el comunicado conjunto, gobierno y FARC también anunciaron que “las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto tres de la agenda“, que incluye además aspectos como la dejación de las armas y la desmovilización de las FARC.
Ese, sin embargo, tampoco será el próximo tema de la mesa de negociaciones, pues las partes también anunciaron que en el próximo ciclo de discusiones se empezará a abordar el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas.
Una decisión que sugiere que tanto gobierno como FARC están conscientes de lo difícil que será llegar a un consenso sobre los puntos de participación política que están todavía por definir.
Circunscripciones especiales de paz
Por lo pronto, los puntos más relevantes de lo acordado hasta el momento incluyen la formulación de un “estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición”, facilidades para la creación de nuevos partidos y la posibilidad de reformas a la ley electoral.
También se acordaron nuevos mecanismos para mayor participación ciudadana y para garantizar un acceso más equitativo de las fuerzas políticas a los medios de comunicación.
Mientras que la creación de “circunscripciones transitorias especiales de paz” para garantizar que las “zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono… tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes” podría terminar facilitando la llegada de los exguerrilleros al congreso, si bien el jefe negociador gubernamental, Humberto de la Calle, también dejó también abierta la posibilidad de curules especiales para los rebeldes una vez completen su desmovilización.
“La posibilidad de que accedan al sistema político en condiciones especiales o que eventualmente ostenten representación especial en el Congreso es un tema que será tratado en el punto tres de la Agenda“, dijo De la Calle.
Y el gobierno colombiano también se comprometió a crear un “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”, que garantice “el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y opinión… y contribuya a un clima de convivencia y tolerancia y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC-EP a la actividad política legal”.
Este último aspecto es clave dado el antecedente de la Unión Patriótica, el partido de izquierda vinculado a las FARC que fue creado también a raíz de un proceso de paz para posteriormente ser virtualmente exterminado por grupos paramilitares de derecha a finales de la década de los 80 e inicio de la de los 90.
Pero no hay que perder de vista que todo lo acordado solo será válido una vez que haya un acuerdo total para la desmovilización de los guerrilleros y que, al final, le corresponderá al pueblo colombiano refrendar lo acordado en la mesa de negociación.
Y la discusión sobre el mejor mecanismo para lograr eso – un referendo, en opinión del gobierno; una asamblea constituyente, en opinión de las FARC – también sigue pendiente y no se anuncia sencilla.
Aunque, en la práctica, lo más probable es que el verdadero refrendo sobre el proceso de paz tenga lugar en las próximas elecciones presidenciales, dada la presencia de candidatos abiertamente opuestos al proceso de paz.
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