Durante su embarazo, Irma López Aurelio sólo recibió dos consultas médicas prenatales: el 29 de enero y el 27 de junio de este año, porque la enfermera del centro de salud de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca, le dijo que no había más citas ni médico que la atendiera.
El pasado 2 de octubre, Irma llegó al centro de salud a las 6:00 de la mañana con contracciones. La enfermera, de nombre Juliana, la recibió media hora después, se limitó a tomarle la presión y le ordenó que saliera a caminar. No revisó la frecuencia de las contracciones ni cuántos centímetros llevaba de dilatación. No la vio un médico. Ante la insistencia de Irma respecto a los dolores que sentía, la enfermera le reiteró que tenía que caminar, la condujo fuera del centro de salud y le cerró la puerta. Irma alcanzó a dar unos pasos hacia el jardín cuando su bebé nació.
No obstante lo anterior, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca (CEAMO) decidió este miércoles 30 de octubre que el personal médico del centro de salud de San Felipe Jalapa de Díaz no tiene responsabilidad en el caso de Irma ni en el de Cristina López Durán, cuyos bebés nacieron en el patio de esa instalación. El argumento del presidente del CEAMO, Mario Constantino Bustamante del Valle, es que no hubo negligencia médica. Para él se trataron de “eventos fortuitos que salen de la competencia; los médicos tienen que dar un servicio eficiente, de calidad, oportuno y profesional, suceden estos detalles, bueno, hay niños que nacen en taxis, en las escaleras, en la puerta del hospital, porque son eventos fortuitos y esperamos que no se repitan”.
El servicio médico “eficiente, de calidad, oportuno y profesional” del que habla Bustamante del Valle no es el que recibió ni el que sigue recibiendo Irma. Es más, desde ese 2 de octubre, que fue enviada a su casa con su hijo, no ha podido obtener una cita para que revisen a su bebé, a quien por lo menos ese día le pusieron las vacunas que le tocaban. No sabe si tiene buen peso o estatura, aunque confía en que todo esté bien.
[contextly_sidebar id=”b6595051d08224b5fa58d0f464d7668c”]Tampoco ha podido obtener una consulta para evaluar los métodos de control natal, porque después de tres hijos ella y su marido ya no quieren tener más, informa Irma en entrevista telefónica. “En una de las dos consultas con el doctor me habló de una operación, pastillas o ponerme algo para no tener más hijos, pero la enfermera no me dice para cuándo me darán la cita, sólo me dice que no hay”.
Lo que sí ha obtenido Irma del personal médico del centro de salud de San Felipe Jalapa de Díaz ha sido amenazas. Una de las enfermeras le hizo saber que si continúa con su demanda en contra del personal médico “la pueden dar de baja de Oportunidades”, programa por el que Irma recibe mil 350 pesos al mes, que es con lo que vive la familia en lo que se da la cosecha. Irma es asesorada legalmente por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) porque quiere que algo cambie en su comunidad.
“Un día mi familia, mis hijos, van a necesitar atención médica y no quiero que pasen por lo que yo pasé. No es justo la forma en que vivimos ni cómo nos tratan. Por eso insisto”, expresa. “No quiero que la enfermera y los médicos del centro de salud se zafen de su responsabilidad. Les pagan para atendernos, no es justo que se queden tan contentos con el servicio que dan”.
La hija mayor de Irma, de 5 años, nació en una clínica del IMSS cercana a su comunidad, sin ningún problema. Con su segundo hijo, de 3 años, ya no tuvo derecho a ser atendida en el Seguro Social por lo que fue asistida en su casa por la enfermera de un consultorio cercano de la Secretaría de Salud. Con el tercer embarazo no tuvo suerte, porque a eso se remite la atención médica en su comunidad.
No quiere exponerse a un cuarto embarazo y parto, pero nada garantiza que recibirá la atención médica que requiere y eso es lo que Irma quiere cambiar.
Por ello se reunirá el próximo lunes 4 de noviembre con el equipo jurídico de GIRE, a fin de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, independientemente de la investigación de oficio que esta instancia ya sigue. La estrategia legal busca que se reparen los daños cometidos en contra de los derechos sexuales y reproductivos de Irma, al tiempo que la Comisión determine medidas de no repetición y el estado de Oaxaca se vea forzado a hacer cambios estructurales en sus centros de salud y hospitales para que ninguna otra mujer pase por algo así. No se tomará en cuenta la decisión de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, de la cual existen numerosas quejas por defender mayoritariamente al personal médico denunciado, de acuerdo con GIRE.
Queda pendiente la decisión de Irma de presentar una queja administrativa en contra del personal médico del centro de salud. Esta medida tiene el inconveniente de que el procedimiento se inicia dentro del mismo centro, que se convierte así en juez y parte de la investigación.
