La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) -aprobado por el Congreso como parte de la reforma política- contiene múltiples imprecisiones y carece de claridad, lo que puede “poner en riesgo la operación de las elecciones mexicanas”, advierte un análisis del IFE.
[contextly_sidebar id=”d431cfba001a6a6639749840a17fd449″]El documento fue enviado por el organismo al Senado y la Cámara de Diputados, y desmenuza punto por punto los cambios a la Constitución aprobados. Las conclusiones entregadas a los legisladores, son críticas: “(La reforma) redundará en baja efectividad de la regulación electoral, desconfianza y un vacío de legitimidad en la renovación de poderes locales, que además afectaría gravemente a las elecciones federales”.
Uno de los puntos que se cuestionan es el cambio de nombre, ya que generará confusión y representará la pérdida de más de 20 años de trabajo e inversión pública millonaria para que la sociedad identificara al IFE.
“El cambio en el nombre de la institución vulneraría la aceptación social de la autoridad. El cambio de nombre resulta innecesario y sería una pérdida de inversión pública”, se plantea. Como ejemplo, se recuerda que existen más de 82 millones credenciales de elector con las siglas del IFE.
El análisis fue suscrito por la presidenta provisional del organismo, María Marván y los restantes consejeros, Lorenzo Códova, Benito Nacif y Marco Baños. Estas son algunas de las observaciones que hacen a la reforma aprobada por el Congreso:
- Fiscalización: se elimina la Unidad en la materia para que sea el Consejo General el encargado, a pesar de que lo integran representantes de los partidos, es decir, los sujetos a fiscalizar serán responsables de realizarla.
- Elecciones más caras: la falta de claridad en las competencias creará duplicidad de estructuras o procedimientos redundantes entre el INE y los órganos locales.
- Litigios electorales: la regulación de conflictos locales podría saturar la agenda del INE, restándole efectividad en la realización de las elecciones federales.
- Leyes secundarias: se da poco tiempo para emitir las legislaciones secundarias -deben expedirse a más tardar el 30 de abril próximo-, lo que abre la posibilidad de que la regulación electoral sea por acuerdos.
- Capacitación electoral: se separan las labores de preparación de la elección y la capacitación, a pesar de que están estrechamente ligadas en los procesos electorales.
- Secrecía y publicidad: al adoptar el Consejo General las labores de fiscalización, se pone en riesgo el secreto fiscal y bancario, puesto que las sesiones de ese organismo son públicas.
- Recursos de partidos: se traslada al INE el manejo de presupuesto de los partidos, lo que quita obligaciones a los institutos políticos y se pone en situación vulnerable a la autoridad electoral.
- Servicio profesional de carrera: el INE deberá concentrar este nuevo sistema, lo que será oneroso y difícil de controlar, pues reunirá a los funcionarios de todo el país.
- Causales de nulidad: incluir en la Constitución las causas para anular una elección, en vez de evitar irregularidades, “genera incentivos (…) para afectar deliberadamente el desarrollo del proceso electoral”.
El IFE además criticó que el Congreso elevara a 3% el porcentaje mínimo de votación que un partido debe obtener para mantener su registro, pues afecta la representación: “Aumentar el umbral mínimo no tiende a fortalecer la representación, ni mucho menos al sistema de partidos, sino al contrario, reduce la posibilidad de garantizar pluralidad, elemento básico que debe existir en un sistema democrático”, señala el análisis.
Otra observación a la reforma es que no queda clara la regulación para los candidatos independientes, en cuanto a los recursos para campaña y el acceso a tiempos de Estado a los que tendrán derecho.Desde el pasado miércoles, tras la aprobación de la reforma en el Senado, María Marván cuestionó la transformación del organismo al INE: “Vamos, pues, de un modelo vertical, diáfano y sencillo, a uno bizarro, cruzado, fractal, difícilmente administrable. Esta reforma pone fin a una era electoral, porque es la primera reforma, desde 1977, que no se negocia en sus términos ni en sus méritos”.
Tras la aprobación de la reforma electoral en el Senado la madrugada del miércoles, ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados y regresada al primero. Posteriormente será enviado a los Congresos estatales, ya que por tratarse de una reforma Constitucional, requiere la aprobación de al menos 16.
