En mayo de 2012, 49 personas fueron asesinadas en Cadereyta, Nuevo León. Más de un año y medio después, la Procuraduría General de la República, junto con un equipo de antropólogos argentinos presentó dictámenes que revelan que ocho de ellos eran migrantes hondureños y los entregó a las familias de los fallecidos.
[contextly_sidebar id=”d214c5af887339c5407e5d032a9ce834″]Los 49 cuerpos encontrados en aquel entonces fueron abandonados en una carretera a la entrada del pueblo de San Juan, municipio de Cadereyta, a unos 175 kilómetros de McAllen, Texas. Su identificación se dificultó porque los cuerpos fueron desmembrados. La única información que en aquel entonces dio la Procuraduría General de la República fue que los restos pertenecían a 43 hombres y seis mujeres.
Para lograr identificarlos se creó una comisión forense en la que participaron la Procuraduría General de la República (PGR), el Equipo Argentino de Antropología Forense y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
El subprocurador de derechos humanos, prevención del delito y servicios a la comunidad de la PGR, Ricardo García Cervantes, informó que la notificación de los resultados a los familiares de las víctimas se hizo con la colaboración de autoridades consulares de México y Honduras.
La PGR no precisó cuántos de los cuerpos identificados de origen hondureño eran hombres o mujeres.
García Cervantes informó que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos resultados sobre la identificación de los cuerpos de los migrantes asesinados en un incidente que las autoridades atribuyeron a la guerra entre los cárteles de Sinaloa y el de los Zetas.
Con información de Reforma y AP
