El caso de Edgar Tamayo —cuya ejecución está programada para este miércoles en una prisión de Texas— es solo uno de los 141 por los que la Cancillería pagará 56 millones 638 mil 711 pesos a una firma de abogados con sede en Arizona para dirigir el Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital, con el que pretende apoyar a mexicanos encarcelados en Estados Unidos.
En junio del año pasado, el abogado Gregory J. Kuykendall firmó un contrato con Ricardo Pineda Albarrán, cónsul de México en Tucson, Arizona, que expira en mayo próximo, con el objetivo de “implementar esfuerzos adicionales para evitar la imposición de la pena de muerte a ciudadanos mexicanos”.
También para dar seguimiento al caso Avena, el de los connacionales —entre los que se encuentra Tamayo— incluidos en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2004 contra Estados Unidos, en el que se ordenó someter a revisión judicial las condenas emitidas para determinar si en éstas influyó la falta de asistencia consular.
Entre las responsabilidades de la firma contratada por el gobierno mexicano está preparar propuestas legales, incluyendo mociones para litigar cuestiones del derecho internacional, y presentarlas ante tribunales de Estados Unidos e internacionales para ayudar en la defensa jurídica de los mexicanos que se enfrentan a la pena capital.
En la lista de mexicanos que el despacho Kuykendall defiende se encuentran 60 mexicanos que ya recibieron la pena de muerte, 75 más que continúan en proceso pero que están en riesgo de recibir la pena capital y seis más que son considerados casos de estudio.
El Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital que existe desde 2001, toma en cuenta actualmente a 141 mexicanos. Según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en los últimos trece años se ha evitado la ejecución de 860 mexicanos.
[contextly_sidebar id=”4748c1703029ab5ba462178e2e0abad1″]Pero de los 4 millones 266 mil 666 dólares que Cancillería paga a esa firma con sede en Arizona, 250 mil dólares están destinados a dar capacitación y asistencia a los empleados consulares y personal de la SRE en “cuestiones y estrategias legales en casos de pena de muerte”.
El contrato establece que Cancillería acepta que la firma contrate abogados para la defensa y asesoría de los mexicanos, los cuáles pueden recibir pagos de hasta 205 dólares (2 mil 720 pesos) por hora, pero si los casos son tomados directamente por Gregory J. Kuykendall se acepta una cuota máxima de 290 dólares (3 mil 850 pesos) por hora, aunque como director del Programa también recibe un pago único por 557 mil 700 dólares (7 millones 403 mil 300 pesos).
Según su sitio web, la firma Kuykendall & Associates fundada en 1994 “proporciona la mejor defensa en el país”, incluyendo casos de pena de muerte.
Como director del Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital (MCLAP, por sus siglas en inglés), Kuykendall firmó un contrato de confidencialidad y debe abstenerse de discutir con la prensa sobre los casos que lleva a menos que Cancillería realice una autorización escrita.
El caso Avena, la prioridad
Entre las funciones del despacho de abogados contratado por Cancillería destaca el énfasis en atender los casos marcados por la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, agrupados en el caso Avena y en la sentencia contra Estados Unidos de la Corte Internacional de Justicia.
Ésta es una recopilación de los hechos alrededor del caso que es prioridad en el Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital:
-El 9 de enero de 2003 México presentó un juicio contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la situación de mexicanos que enfrentaban la pena de muerte y a quienes no se les respetó el derecho a la notificación consular al momento de su detención.
-El 31 de marzo de 2004 la Corte falló a favor de México, reconociendo que autoridades estadounidenses no informaron a 51 mexicanos que tenían derecho a notificar a su consulado su situación. Se ordenó a Estados Unidos proceder a la revisión judicial de cada caso para determinar si la violación a este derecho fue determinante en la sentencia a la pena capital.
-En febrero de 2005, el entonces procurador general de Estados Unidos ordenó a las cortes estatales la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, pero un mes después la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó que ni ese documento ni la sentencia de la CIJ eran de cumplimiento obligatorio.
-México presentó a la CIJ una solicitud de interpretación sobre el alcance de la sentencia del caso Avena y solicitó medidas provisionales —que fueron concedidas— para evitar la ejecución de los mexicanos incluidos en el fallo.
-Pese a ello, José Ernesto Medellín Rojas, cuyo caso era parte del fallo de la CIJ fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 2008.
-En enero de 2009, la CIJ resolvió que Estados Unidos violó la orden de medidas provisionales con la ejecución de Medellín e insistió en dar cumplimiento a la decisión del caso Avena.
-En junio de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos urgió la suspensión de la ejecución de Humberto Leal García, cuyo caso también formaba parte del caso Avena.
-En julio de 2011, Humberto Leal García fue ejecutado.
-El 17 de septiembre de 2013 una corte estatal de Texas fijó el 22 de enero de 2014 como la fecha para la ejecución de Edgar Tamayo Arias, otro mexicano amparado por el fallo de la CIJ.
-El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, escribió al gobernador de Texas que la resolución de la CIJ “es vinculante para Estados Unidos” y que fijar la ejecución de Tamayo sería “sumamente perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
-El 22 de diciembre pasado el canciller José Antonio Meade envió cartas al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional de ese estado para solicitar el aplazamiento de la ejecución de Edgar o la conmutación de la sentencia.
