Tras el fallo de un juez de Fort Worth (Texas, Estados Unidos), un hospital del estado desconectó el respirador artificial que mantenía viva a una mujer embarazada con muerte cerebral.
Marlise Muñoz tenía 14 semanas de embarazo cuando fue encontrada inconsciente en noviembre pasado.
Desde entonces, el hospital en Fort Worth la había mantenido viva porque, argumentaba, tenía la obligación de proteger la vida del feto. El esposo de Marlise no estaba de acuerdo y argumentaba que ella había dejado en claro que no deseaba vivir en esa situación.
El juez basó su fallo en que la mujer está muerta y el feto no es viable. Con esta decisión, el juez le dio la razón a la familia y se opuso a la directiva del hospital de Fort Worth.
[contextly_sidebar id=”a67ce92bd307b738b1e22339ba9fb7f3″]El dictamen puso fin a una batalla legal que volvió a colocar sobre el tapete la controversia sobre la muerte cerebral y el mantenimiento de las constantes vitales de una persona mediante una máquina.
Si hace un mes la discusión se centraba en el caso de la joven Jahi McMath, quien tras una operación de amigdalitis sufrió un colapso, fue declarada con muerte cerebral y su familia se opuso a que el hospital la desconectara de los aparatos que la mantenían con vida, la historia de Marlise Muñoz –mujer de 33 años, embarazada- es la contraria.
“Legalmente muerta”
Marlise, de 33 años, cayó inconsciente el 26 de noviembre, aparentemente a causa de una embolia pulmonar. Su esposo, Erick, la encontró sin sentido sobre el piso de la cocina. La pareja esperaba su segundo hijo: Marlise estaba embarazada de 14 semanas.
La mujer fue declarada con muerte cerebral, pero el hospital la mantuvo conectada a un respirador artificial desde entonces.
Erick, actuando también en nombre de los padres de Marlise, presentó una demanda contra el hospital el 14 de enero alegando que el soporte vital iba en contra de los deseos expresados por su esposa, que era profesional de la sanidad.
El hospital, por su parte, se remitió a una ley aprobada por el Congreso de Texas en 1989 y modificada en 1999, que establece que “nadie puede acabar con un tratamiento para mantener la vida artificialmente de una paciente embarazada”.
En su argumentación, los dos abogados de la familia justificaron que el hospital “interpreta erróneamente” la ley texana: si la paciente está muerta, ni puede estar embarazada ni se le pueden aplicar medidas para sustentar la vida, ya que no dispone de ella.
El hecho de que Muñoz ya había sido declarada muerta y las pruebas de que el feto sufrió graves consecuencias fueron dos elementos cruciales para la decisión del juez.
“Respeto los argumentos del hospital tratando de seguir la ley, pero sus secciones no son aplicables para alguien que esté muerto”, declaró Wallace en la audiencia.
Muerte cerebral y no estado de coma
Durante el litigio, los juristas que respaldan la postura de la familia explicaron que la ley texana -como la de otros 20 estados del país- se refiere a mujeres embarazadas en estado vegetativo o de coma, no en muerte cerebral.
El otro elemento decisivo fue el estado del feto, que ha seguido desarrollándose hasta ahora, alcanzando las 22 semanas de gestación, pero que no era “viable”, un punto que los abogados de la familia defendieron en un comunicado esta semana.
“Las extremidades inferiores se deforman de manera que el género del feto no puede determinarse”, argumentaron en el escrito.
Tras el fallo del juez, el hospital declaró que su intención era simplemente obedecer la ley y que el caso era sumamente complejo, sin precedentes legales.
La portavoz del centro sanitario, J. R. Labbe, dijo el sábado que “las discusiones siguen en marcha” y que los administradores del hospital están sopesando el fallo del juez. El hospital es propiedad del Condado de Tarrant y en este proceso está representado por la oficina del fiscal de distrito.
El domingo, el hospital declaró que acataría el fallo y posteriormente anunció que la mujer había sido desconectada del respirador artificial.
